El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita.
Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en función del cargo público que ocupaba.
El fallo de Casanello alcanza a quien había sido el segundo de Spagnuolo en la Andis, Daniel Garbellini, y Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.
El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran exfuncionarios y empleados de la agencia y empresarios privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita.
El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más más de 202 millones de pesos.
En su escrito, el juez señaló que en los primeros meses del gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Para Casanello, ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Según el fallo, la Andis se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Además, deja abierta la puerta a una investigación más amplia, al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.
“Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, añade el juez.
“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado –por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes–, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, sintetiza el fallo.
CGP y agencia NA