Fiscales y defensores protagonizaron este miércoles otro momento de tensión con un fuerte cruce en el juicio por la desaparición del niño Loan Peña, un proceso que se inició el 16 de junio último en Corrientes con desprolijidades.
El defensor oficial Enzo Di Tella y otros abogados de la defensa, como Jorge Monti y Richard Vallejos, advirtieron que los fiscales federales Carlos Schaefer, Juan Martín Mariño Fages y sus colaboradores se reían mientras declaraba un testigo.
En medio del murmullo, Mariño Fages se habría reído de Vallejos, aunque esa supuesta burla por parte de funcionarios judiciales no fue confirmada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
El mismo gesto de los fiscales se habría producido cuando Di Tella planteó, al comienzo del juicio oral, la nulidad de todo lo actuado por errores de procedimientos desde el Juzgado Federal de Goya, donde comenzó la investigación por el caso Loan hace más de dos años.
En relación con las risas entre fiscales y sus colaboradores, fuentes judiciales indicaron que “todos los abogados dan fe de eso y advirtieron ante el Tribunal” de que esas actitudes de los funcionarios judiciales perjudican el normal desarrollo del proceso porque incomodan a los testigos que se sientan a declarar en la audiencia oral y pública.
El escándalo se vivió este miércoles, en la undécima audiencia del juicio, cuando estaba declarando el testigo Jorge Daniel Moreira, concejal de 9 de Julio. El presidente del TOCF, Fermín Ceroleni, se mostró enojado cuando interrumpió a uno de los defensores que denunciaba que los fiscales no paraban de reírse, según se observó en pleno juicio.
“Doctor, escúcheme”, exclamó Ceroleni al pedirle al defensor Richard Vallejos que hiciera silencio porque el testigo debía continuar con su declaración.
“Señor presidente. Se están burlando. No voy a permitir que se burlen”, respondió Vallejos.
“¿Quién se está burlando? El Tribunal está observando detalle por detalle. Si a usted le parece que se rio el fiscal es una cuestión suya”, insistió Ceroleni.
Por su parte, antes de continuar con su declaración, el testigo Moreira dejó en claro que el duro cruce en la sala lo sacó de contexto: “Lamentablemente, estas interrupciones por ahí te sacan de lo que uno quiere aportar a la causa”, afirmó.
Moreira, que fue intendente de 9 de Julio, fue uno de los cuatro testigos que declararon este miércoles en la audiencia, que se desarrolla en la sede del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, en San Martín y Perú, de esta capital.
Los otros son la directora del Hospital de 9 de Julio, Gabina Pelozo; el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez, exjefe de la Unidad Regional II Goya de la Policía de Corrientes, a quien respondía el comisario Walter Maciel, imputado en la causa.
Loan Peña, de 5 años, desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio, después de un almuerzo en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña.
Un grupo de siete implicados está acusado del delito de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años de edad. En calidad de coautores, están imputados Bernardino Antonio Benítez, su pareja, Laudelina Peña (tía de Loan); María Victoria Caillava y su esposo, el exmarino Carlos Guido Pérez; Daniel Oscar Ramírez y su pareja, Mónica del Carmen Millapi, y, como partícipe necesario, el comisario Walter Adrián Maciel. Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del niño, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.
En tanto, Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio llegaron a juicio acusados de haber intervenido en maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer la investigación por la desaparición del niño.
A los diez integrantes de este segundo grupo se les atribuyen distintos delitos, entre ellos encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional.
CGP