El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó este lunes a penas de entre 4 y 25 años de prisión a 7 militares que formaron parte de los grupos de planificación y ejecución del plan sistemático de represión ilegal durante la dictadura bajo la órbita de la VII Brigada de Infantería.
En una audiencia que fue precedida por una movilización de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales y de diversos colectivos, el TOF correntino condenó a los siete represores como partícipes necesarios de privaciones ilegítimas de la libertad cometidas con violencia, aplicación de tormentos y agravadas por el tiempo, entre otros delitos considerados crímenes de lesa humanidad.
El capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y el coronel Horacio Losito fueron condenados a 25 años de prisión; el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso,15; el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso, 18; el coronel del Ejército Abelardo de la Vega,12; el coronel Raúl Harsich, 8, y el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón, 4.
En tanto que fueron absueltos el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache y el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.
Asimismo, el tribunal, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Juan Manuel Iglesias, dispuso unificar en prisión perpetua, 25 y 18 años de prisión, las penas para Losito, De Marchi y Reynoso, respectivamente, por cargar con condenas por crímenes de lesa humanidad en juicios anteriores.
Ninguno de los imputados estuvo presente en la sala de audiencia, sino a través de videoconferencia.
“La Fiscalía, en términos generales, está muy conforme con la sentencia porque se ha condenado a siete de los responsables sobre un total de nueve y en el caso de las víctimas que esperaban algún tipo de reparación y por las que se llegó a juicio, podemos decir que un 90 por ciento de los casos han tenido algún condenado”, dijo a Télam el fiscal adjunto Diego Vigay, quien actuó junto al fiscal Flavio Ferrini.
Asimismo, el exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes Pablo Vassel declaró que “en este momento, frente a tantas voces negacionistas, una resolución más vuelve nuevamente a demostrarnos la magnitud del terror y espero que esta sentencia, aunque como todas las de su tipo, llega tarde para las víctimas, sea un poco de alivio para quienes sufrieron y buscaron justicia sin bajar los brazos”.
Explicó que este juicio “cierra la etapa de investigación de los crímenes más aberrantes que registra la historia de Corrientes que tuvieron como epicentro la VII Brigada de infantería y la Jefatura de la Policía de la provincia más el escuadrón de Gendarmería, una perfecta combinación represiva que azotó todo el norte argentino, pues desde esta brigada se dirigió el terrorismo de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones”.
Por su parte, la sobreviviente Judith Casco, quien fue privada de su libertad junto a una hija de 10 días de vida, Guadalupe Arqueros, al término de la audiencia, dijo a Télam que se ha logrado “la justicia que nosotros no tuvimos y que los 30 000 tampoco tuvieron, ni la posibilidad de tener un juicio. Esto construye la memoria y sigue, porque adonde vayan los iremos a buscar”.
En tanto que Víctor Hugo Benítez, sobreviviente del centro clandestino de detención del Regimiento de Infantería 9, hoy Espacio de Memoria, indicó: “Me pone muy contento porque se trata de una reivindicación a los que no están, golpea fuertemente a la impunidad y significa, en el contexto actual, que la memoria es presente porque estamos a las puertas de que pueda volver a suceder con otros formatos ante lo que pueda suceder en las elecciones que más que nunca se debe decidir entre democracia o fascismo”.
Los fundamentos del fallo dictado serán leídos el lunes 13 de noviembre en una audiencia convocada a partir de las 17 en el Tribunal correntino.
“Entendemos que [el fallo] ratifica, consolida, profundiza todo lo que fue aquel juicio emblemático de Regimiento 9 en el año 2008, tomando a la VII Brigada como el lugar desde donde se planificaba todo”, dijo Vigay en declaraciones radiales.
“Se ha logrado reconstruir lo que fue el centro clandestino del Regimiento 9, con todos sus funcionamientos y consolidando que fue un centro de exterminio. Se reconstruyó la Jefatura de Policía de Corrientes, donde tenían una celda general muy importante a disposición del área militar”, explicó.
“El campo de Santa Catalina, en las afueras de Corrientes, también fue un centro de torturas y otros lugares de alojamiento de detenidos políticos como el caso del Instituto de Mujeres Pelletier, el Escuadrón de Gendarmería, la Policía Federal”, agregó.
En declaraciones a radio Libertad, de Resistencia, Vigay recordó que la fiscalía había pedido “unos años más [de prisión] en algunos casos, pero son personas de 80-85 años. El hecho de que hayan sido condenados, que el Tribunal haya considerado que han sucedido los hechos, que tuvieron responsabilidad, nos parece muy importante”, afirmó.
CGP y agencia Télam
Foto: Télam