A horas de entrar en vigor la suspensión, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo se pronunció contra el cierre temporal de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández calificó la decisión de “estrago jurídico”. Un sindicato docente convocó a un paro.
“La Justicia acaba de determinar que debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires por ser autónoma, por lo tanto mañana hay clases presenciales”, dijo este domingo por la noche el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa tras el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires a favor de la presencialidad de las clases en el distrito y en contra del DNU del Gobierno nacional.
La Cámara se pronunció sobre una presentación realizada por organizaciones de docentes contra el DNU 241/2021, que establece la suspensión de las clases presenciales por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
La Justicia decidió que en la Ciudad se mantenga la presencialidad de las clases. pic.twitter.com/q8BvIgeWOc
— Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) April 19, 2021
Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) ratificó que este lunes realizará un paro, al advertir desde sus redes sociales que “en las escuelas siempre enseñamos a respetar el orden de prelación de las leyes, la Constitución nacional y el pleno ejercicio de la democracia en el marco del Estado de derecho”.
El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que el fallo de la justicia porteña que habilita el inicio del dictado de clases mañana en la ciudad de Buenos Aires genera “un estrago jurídico” porque toma medidas que son “del exclusivo resorte de la Justicia Federal”.
“Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la Ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo el presidente en declaraciones a El Destape.
El tribunal resolvió admitir “la queja interpuesta y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lodispuesto en el artículo 2º, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que, en el marco de su autonomía y competencias propias, disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
Lunes 19 #Paro de UTE y @atecapitalok1
Si la Justicia viola la Constitución, PARAMOS en la Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/uublMo7beA
— UTE (@utectera) April 18, 2021
La Cámara de Apelaciones está compuesta por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli.
La camarista Macchiavelli había sido recusada por los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández por ser hermana del secretario de Ambiente del Gobierno porteño, Eduardo Macchiavelli, quien también se desempeña como secretario general del partido PRO del distrito.
Sin embargo, López Alfonsín y Perugini, los otros dos jueces del tribunal, rechazaron esa presentación, al considerar que “no existe la mentada conexidad, razón por la cual no se vislumbra una vinculación entre los mencionados expedientes que le otorguen legitimación a los presentantes en esta causa”.
La Justicia falló ante la presentación de un grupo de docentes que conforman la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
Atentado a la salud pública
El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciados este domingo por atentado a la salud pública y por sedición tras haber impulsado “una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021”, lo que, según la denunciante, implica haber incurrido en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.
La denuncia fue presentada este domingo por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos, y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero.
En la denuncia, Carreras aseguró que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó “en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes”.
Sin embargo, Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich promovieron acciones que persiguen “realizar lo que el DNU prohíbe”, como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días, en el caso del jefe de gobierno al presentarse ante la Corte Suprema y en relación a Stanley, por impulsar una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido en la denuncia porque la titular del PRO anunció “que presentaría un recurso de amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241)” para dejar sin efecto no solo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el AMBA sino también “las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos”.
Por otro lado, la denunciante planteó que las medidas dispuestas en el decreto 241/2021 son coincidentes en la letra y el espíritu con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.
Por último, Carreras remarcó que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en la conducta prevista en el artículo 205 del Código Penal (atentado a la salud pública, que prevé penas de 6 meses a 2 años) y del artículo 230 inciso 2 (sedición, al que según el Código Penal le corresponde una pena de 1 año a 4 años), “al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción”.
CGP
Con información de la Agencia Télam
Foto: captura de video