El fiscal general rechazó el juicio abreviado para el imputado por el crimen de Griselda Blanco

El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, rechazó el juicio abreviado por el crimen de la periodista Griselda Blanco, por lo que el único detenido e imputado por el hecho, ocurrido en la localidad de Curuzú Cuatiá el 20 de mayo último, deberá esperar a que se profundice la investigación para llegar a la instancia condenatoria.

Sotelo dictaminó este martes el rechazo al acuerdo de juicio abreviado pleno para Darío Alfredo Ricardo Holzweissig (46), imputado por “homicidio simple” en perjuicio de Blanco (44), ante “las particularidades, gravedad y trascendencia social que reviste el caso”, por lo que “es menester hacer una serie de precisiones jurídicas a las partes que se encuentran interviniendo en el proceso”.

“No se puede dejar vacío de contenido los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce a las víctimas en el momento en el que se efectúan tratativas para lograr una posible solución a su caso, siempre por supuesto teniendo en consideración que su opinión sea razonable y ajustada a derecho”, dijo el fiscal Sotelo.

Agregó que “la investigación se halla todavía en un estadio primigenio” y que existe “la necesidad de respetar tanto los derechos del imputado como los de la víctima y los querellantes a quienes el servicio de justicia debe otorgarles un tiempo prudencial para analizar evidencias, preparar su estrategia y su propia teoría del caso”.

El 1 de junio, la fiscal María José Barrero Sahagún, sin notificar a la querellante que representa a los hijos de la víctima, la abogada Andrea Tribbia, informó que había pedido al fiscal general la autorización para proceder al juicio abreviado, a partir de la solicitud del abogado defensor de Holzweissig, Alejandro Exequiel Gómez.

 

Se trata de un proceso en el que el sospechoso acuerda una pena para ser condenado en los términos del delito imputado, en este caso, homicidio simple, que tiene una escala de 8 a 25 años de cárcel.

En su dictamen, la fiscal sostuvo que la pena debía ser de 8 años de prisión, es decir, la mínima estipulada por ese delito en el Código Penal.

Para los familiares de la periodista Griselda Blanco se trató de un “femicidio agravado por alevosía”, que prevé una pena de prisión perpetua.

Sotelo resolvió ante el pedido de la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Curuzú Cuatiá (UFIC), Barrero Sahagún, “no prestar acuerdo […] para un juicio abreviado” y ordenar a la fiscal “continuar con la investigación del caso, debiéndose analizar el mismo de acuerdo a todos los extremos y aristas que presente, a efectos de arribar a una solución ajustada a derecho, previa incorporación de todos los resultados de las medidas probatorias ordenadas”.

CGP y agencia Télam