El juicio que debía comenzar este jueves a los tres imputados por la muerte de 8 obreros a causa del derrumbe en un edificio en construcción de la calle San Martín, ocurrido en 2012, fue postergado hasta febrero de 2022 por falta de fiscal.
En la audiencia del 9 de diciembre, en que se definió la fecha del juicio, el tribunal, integrado por Raúl Juan Carlos Guerín, Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo, resolvió la inhibición del fiscal Carlos Lértora y se dio intervención a un subrogante, ante una presentación de la parte querellante.
Sin embargo, dos integrantes del Ministerio Público Fiscal renunciaron, por lo que el inicio del juicio a Marcelo Mayer, Walter Bruquetas y Carlos Valenzuela, acusados de “supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona”, se difirió para el 10 de febrero.
Uno de los abogados querellantes, Juan Manuel Cubilla Podestá, dijo que el fiscal Gustavo Schmitt, “en un escrito dirigido al Tribunal Oral”, se “opuso a enjuiciar a los acusados del derrumbe del edificio”, y, de esta manera, “obligó a los jueces a suspender hasta febrero próximo el juicio.
“En un verdadero escándalo para el Ministerio Público, ambos fiscales del Tribunal Oral, a su turno, han evitado llevar adelante las acusaciones contra los imputados Mayer, Bruquetas y Valenzuela, acusados de ser responsables del hecho que costó la vida de 8 obreros”, afirmó Cubilla Podestá.
“Desde hace casi 9 años, a punto de cumplir 10 en marzo, la Justicia correntina no ha podido dar respuesta a las familias damnificadas por la mayor tragedia de la construcción en Corrientes, sumando un nuevo y bochornoso capítulo a esta lamentable historia”, agregó el abogado que patrocina a familiares de obreros fallecidos.
Lértora se inhibió a pedido de la querella porque el fiscal había dictaminado la suspensión del juicio y la aceptación de la probation para los tres imputados.
El abogado entendió que el desempeño de Lértora “comprometía seriamente el equilibrio en la causa, por cuanto se había mostrado con una fuerte tendencia a favor de los imputados, desoyendo y pidiendo al Tribunal que desoyera también, a la mayor parte de los familiares de los fallecidos”.
Sin embargo, el fiscal Schmitt “también pidió ser apartado y no quiere intervenir en el juicio” y se deberá designar a otro. Lo debe hacer el fiscal general César Sotelo.
“Sotelo debe garantizar que los fiscales de juicio no puedan rehuir de cumplir sus deberes y enjuiciar a los acusados”, sostuvo Cubilla Podestá.
CGP