Foto: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán, con los gobernadores de Chaco, Entre Ríos y Mendoza, aliados a Milei, el 11 de septiembre de 2025. @GAFrancosOk
El gobierno de Javier Milei consumó este jueves un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso, la de redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las Provincias, en lo que fue un duro golpe a los gobernadores.
El veto a la Ley N.º 27794 fue formalizado a través del Decreto 652/2025 y se suma al rechazo al financiamiento universitario y la de emergencia en el Garrahan.
De este modo, Milei profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las Provincias en un momento de tensión económica y política tras la abrumadora derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses.
La Ley N.º 27794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3.º, inciso d) de la Ley N.° 23548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender “desequilibrios financieros y situaciones de emergencia” de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los considerandos del Decreto 652/2025, Milei argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una “finalidad específica” de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior).
Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.
Este nuevo veto se da en un contexto de recomposición de la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos.
Sin embargo, estas medidas se ven opacadas por la intransigencia del presidente ante cualquier iniciativa que considere un riesgo para el equilibrio fiscal, generando más roces con los gobernadores, que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.
CGP y agencia NA
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