Productores agropecuarios y entidades patronales cortaron el puente Rosario-Victoria en contra de la ley de humedales

Autoproclamados pequeños productores agropecuarios de las islas, entidades patronales del campo, la Sociedad Rural de Rosario y hasta una entidad que agrupa a ingenieros agrónomos cumplieron este jueves con el anunciado corte intermitente del puente Rosario-Victoria, en rechazo a los proyectos de ley para conservar los humedales, cuyo debate en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación fue nuevamente postergado.

“Estamos en contra porque no contempla la producción. Una ley no apaga el fuego y nosotros somos los perjudicados”, dijo uno de los manifestantes, informó El Ciudadano y la Región.

El argumento común es que una norma de protección atenta contra las actividades productivas en los humedales, cuya definición, además del delta incendiado del Paraná, contempla otras regiones como los salares.

Los que impulsan una ley insistieron sin eco en que se trata de regular, no de prohibir, de modo que las ganancias de negocios privados no lleven a la destrucción de bienes comunes y vuelvan, como búmeran, también contra los mismos que rechazan cualquier tipo de legislación ambiental.

Otro argumento de los contrarios a la ley deriva en hipótesis conspirativas asentadas en el letargo judicial para definir causas y eventuales responsables de las quemas en las islas entrerrianas, que se suceden desde hace dos años.

Con atuendos camperos, algunos a caballo, con boinas, sombreros o chambergos y prolijas bombachas de campo, quienes se apostaron cerca de la cabina de peaje del puente los expresaron en carteles. En algunos, se acusaba a los ambientalistas como los quemadores.

Roberto Sotomayor se presentó como productor agropecuario junto a su familia en las islas entrerrianas y, desde la conexión interprovincial, ejemplificó esa hipótesis: que detrás del fuego hay objetivos políticos institucionales.

“Estuve en el Congreso el jueves pasado y ahí vi los estofados que se cocinan, a la ley Grosso solo le importa el dinero para repartir. La ley es una caja política del oficialismo”, dijo el manifestante.

La alusión es al texto reingresado por el diputado del Movimiento Evita, que es el que perdió estado parlamentario el año pasado y surgió del consenso de más de una decena de iniciativas. Es la que cuenta con el respaldo de organizaciones socioambientales y especialistas científicos de varias ramas.

CGP
Foto: @elciudadanoweb

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