Los consumos industriales mayores a 300 kV tendrán un aumento del 36 % en la tarifa eléctrica, debido a la quita de subsidios a la energía dispuesta por el Gobierno nacional, informó este lunes la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).
Para el resto de los usuarios, el aumento será del 4 %, agregó la empresa distribuidora provincial, que informó a las empresas correntinas que serán alcanzadas por la medida, según publicó la Dirección de Información Pública.
La Secretaría de Energía de la Nación emitió el sábado 30 de abril la Resolución 305/2022, que dispone nuevos precios que se aplicarán a partir del 1 de mayo para los usuarios que consuman más de 300 kV (usuarios industriales).
El interventor de la DPEC, Alfredo Aun, dijo que energía que se compra a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) “modificará el costo mayorista con un 70 % de aumento en el precio”, que luego la distribuidora deberá “trasladar” a sus usuarios.
Aclaró que en este caso se aumenta solo el costo de la compra de energía, lo que significa que “ese 70 % en el costo mayorista va a tener un impacto del 36 % para los usuarios” de la DPEC.
Aun explicó que hay dos aumentos dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación y que instruye a Cammesa. “El primero corresponde a la potencia, que es la disponibilidad que se tiene en estructura eléctrica, que pasa de 80 000 pesos el megavatio a 370 000 pesos, lo que significa un 400 % de aumento en potencia”.
El segundo incremento será del 69 % en la energía. “Por ello, el industrial tendrá un 36 % de aumento y el resto de los usuarios, el 4%, porque el acrecentamiento en el valor de la potencia sube para todos los consumidores”, dijo el funcionario.
El ajuste “se verá reflejado dentro de un mes y medio, impactando en los consumos desde el 1 de mayo, cuyas boletas se emitirán dentro de 60 días”, aclaró y aseguró que el aumento responde a que “se retiran los subsidios” y se cobra lo que “realmente vale” la energía.
Aun dijo que la decisión es del Gobierno nacional “en el marco del acuerdo con el FMI”, cuyo objetivo es reducir el déficit fiscal.
“Ahora se van a ver afectadas las industrias, pero seguramente vendrá otra etapa en la que se afectará a los usuarios residenciales”, ya que la Nación está definiendo los “segmentos de usuarios residenciales a los que se les va a aumentar el precio de compra a las distribuidoras y por consecuencia se les trasladará a los usuarios”.
Quita de subsidios
La Secretaría de Energía de la Nación identificó cinco criterios que se podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios al consumo de gas y electricidad para los clientes residenciales de mayores ingresos.
Así se desprende del informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que será parte del debate que se dará en las audiencias públicas convocadas para el 10, 11 y 12 de mayo, para la actualización de las tarifas y la segmentación de subsidios sobre el principio de gradualidad, informó la agencia Télam.
La idea ya planteada por el Gobierno nacional es reducir totalmente los subsidios en el caso de los usuarios con capacidad de pago de una tarifa plena de gas y electricidad.
También prevén la existencia de un segmento medio, que recibirá una reducción parcial de los subsidios y, por último, la de los usuarios de menores ingresos y más vulnerables, que continuarán con la asistencia mayor del Estado.
Por el cruce de la información de empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural de red residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) sobre ingresos y patrimonio, se estima que estarían afectados por un menor nivel de subsidios 921 778 clientes titulares de energía eléctrica y 760 600 de gas residencial.
Si se toman como referencia los suministros, en este segmento se incluirían hasta 1 631 846 usuarios del servicio eléctrico, que representan el 10,1 % del universo relevado, y 1 178 248 suministros de gas residencial, que representan el 12,9 %, de acuerdo con el informe oficial.
En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.
En el caso del segmento de mayor nivel de subsidios, la inclusión se podría definir por estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o entre los criterios socioeconómicos ser jubilado, pensionado o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También podría alcanzar a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo, vital y móvil, y los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el SMVM.
El estudio también contempla a los titulares de programas sociales, los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, de pensión vitalicia a veteranos de Guerra del Atlántico Sur y de certificado de discapacidad.
En este segmento los criterios de exclusión contemplados son ser propietario de dos o más inmuebles, ser propietario de un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) y tener más de un suministro bajo su titularidad.
CGP