El gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la ley de financiamiento universitario (N.º 27 795), que proponía además la recomposición salarial de docentes y nodocentes.
La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
El veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente establecía “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
La norma determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 Desarrollo de la Educación Superior” y la actualización por el índice de precios al consumidor (IPC) de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
El veto total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado.
Según el Gobierno, la normativa “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto”, lo que genera “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica” y provoca “perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.
Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.
CGP y agencia NA
Foto: Carlos Brigo/Instagram