Javier Milei designó por decreto a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras casi un año sin tratamiento de sus pliegos por parte del Senado.
Según informó la Oficina del Presidente, los pliegos de ambos magistrados fueron remitidos a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, luego de cumplir con todas las instancias procedimentales requeridas, incluidas audiencias públicas en agosto pasado. Sin embargo, el Senado no trató la designación, a pesar de que se cumplieron los requisitos normativos y se difundieron los antecedentes de los candidatos.
Desde el Poder Ejecutivo recordaron que la Constitución nacional otorga al presidente la facultad exclusiva de nominar jueces para la Corte Suprema, mientras que el Senado debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos en base a un análisis de idoneidad y sin criterios políticos.
En ese marco, el comunicado oficial sostuvo que “la politización de la Justicia es una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio judicial eficiente” y destacó que “una notable mayoría del arco político respaldó en su momento a Néstor Kirchner y Mauricio Macri en la designación de jueces para la Corte”.
Ante la falta de definición del Senado, el Gobierno argumentó que la Constitución habilita al presidente a realizar nombramientos en comisión para cubrir vacantes durante el receso legislativo, hasta que la próxima legislatura se expida sobre el tema.
La Casa Rosada justificó la medida señalando que “el máximo tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros” y ratificó que continuará el trámite legislativo para que el Senado ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos
“Solo la dictadura nombró jueces por decreto. [Mauricio] Macri lo entendió. Dijo que lo iba a hacer pero después se sentó a negociar con los gobernadores”, recuerda un peso pesado del peronismo que participó de la mesa de negociaciones con el PRO que, allá por 2016, terminó acordando con un sector del Frente para la Victoria para aprobar el pliego de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
En el peronismo predomina la cautela. Primero esperarán a ver cómo responden el resto de los integrantes de la Corte Suprema. Si Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se resisten a tomar juramento a los recién llegados y deciden que su designación tiene que pasar por el Senado, la negociación continúa.
El peronismo, en ese caso, tendrá mayor poder de negociación y exigirá abrir una mesa de diálogo más amplia, que involucre no solo las dos vacancias, sino también a la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte: el reclamo original de Cristina Fernández de Kirchner, que se esperanza con poder poner a una o dos juristas de su riñón ideológico.
Si Rosatti, en cambio, decide tomarle juramento a Lijo y García-Mansilla, UP está decidido a tomar cartas en el asunto. El presidente del bloque en el Senado, José Mayans, ya lo advirtió en público: “A la persona que acepte ser nombrada por decreto vamos a destituirla en la primera sesión. Esto es una democracia. No es una dictadura”, afirmó el formoseño allá por noviembre, apenas Guillermo Francos confirmó el interés del Gobierno en designar a Lijo García-Mansilla por decreto si las negociaciones fallaban.
Tres meses después, con el decreto ya sellado y firmado, el plan de UP continúa siendo el mismo: convocar una sesión apenas comiencen las sesiones ordinarias y rechazar los pliegos de los dos candidatos.
El trámite, en la teoría, es sencillo: UP debería convocar a una sesión para tratar los pliegos y, de conseguir el quorum, podría hacerla fracasar con solo poco más de un tercio del recinto. Esto es así porque la Constitución exige que haya dos tercios del recinto para aprobar el pliego de un juez de la Corte, por lo que, para que fracase, solo se requiere conseguir 25 votos. Y 25 votos es lo que Mayans presume que tiene asegurados en su bloque.
El desafío, sin embargo, será conseguir los 37 para el quorum. “Con tres dignos podemos hacerlo”, ironizan en el cristinismo, que hacen cálculos como si los 34 senadores peronistas estuvieran dispuestos a bajar para dar quorum para rechazar los dos pliegos de la Corte Suprema.
En el caso de Lijo, sin embargo, no está del todo claro, ya que hay varios senadores que responden a gobernadores peronistas que simpatizan con el juez federal y no tienen interés en boicotearlo. En el oficialismo, por ejemplo, están convencidos de poder contar con el apoyo de 10 senadores peronistas para resistir.
CGP, con información de NA y elDiarioAr
Fotos: Senado de la Nación