El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, negó este martes que la provincia sea una “zona captación” de personas con fines de trata, y aseguró que hay “denunciados” solo “tres casos” de niños desaparecidos, que ocurrieron entre 1993 y 1998.
Mencionó los casos de Carlitos González, que desapareció en Santa Lucía en 1993, cuando tenía 2 años; Natalia Falcón, que desapareció en la capital cuando tenía 7 años, y Miguel Bejarano, en Esquina, en 1998, cuando tenía 9 años De ellos no se sabe nada.
“No hubo otros casos en Corrientes, son una excepción. Todo esto que tiene perplejo a todo el país es algo que no ocurre desde 1998”, dijo Sotelo en una conferencia de prensa.
Sobre el caso de Loan Danilo Peña, desaparecido desde el jueves 13 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad 9 de Julio, el jefe de los fiscales de Corrientes, dijo que “ningún funcionario judicial o policial que actúe de buena fe iba a pensar” en la complicidad del entorno familiar del niño de 5 años, que “existió en cuanto la pérdida y la complicidad de los integrantes de la familia que estuvieron presentes en el famoso almuerzo” en la casa de la abuela del pequeño, “sino también de funcionarios intervinientes”, en alusión al comisario del pueblo, Walter Maciel, preso por encubrimiento.
“Hay gente que se dedica a quebrantar la ley, pero nunca nos íbamos a imaginar que el quebrantamiento de la ley iba a venir de un funcionario que está para cuidarnos y del entorno familiar. Es muy raro lo que pasó”, añadió.
Sotelo respaldó la investigación que llevó adelante la Unidad Fiscal de Goya, con Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, la que desde ayer pasó al fuero federal dada la naturaleza del delito: captación de personas con fines de explotación.
El fiscal general comentó que “estará disconforme” con la pesquisa mientras el chico no aparezca. “No voy a estar nunca conforme si no hay resultados en este caso que nos tiene consternados a todos”, dijo.
Consideró que “no hubo ingenuidad de parte del fiscal, porque el que comete un delito es un delincuente y, sobre todo, si es una autoridad la que lo comete, porque tiene un agravante en el Código Penal. Se trata de confianza, porque las fuerzas del orden están para que el ciudadano común confíe en ellas. Pero el mal está en todos lados, dentro del Poder Judicial también”, analizó.
En ese sentido, comprometió “todo tipo de colaboración, con todos los medios disponibles, para la doctora [Cristina] Pozzer Penzo [jueza federal de Goya], en la cual confío que hará una buena tarea porque en el inicio de su carrera judicial fue secretaria en el Ministerio Público de Corrientes y tiene experiencia en lo penal para estar investigación, que es muy compleja”, remarcó.
CGP
Foto: Prensa del Poder Judicial de Corrientes