Un hombre quedó detenido en la noche de este jueves en Curuzú Cuatiá, como parte de la investigación del asesinato de Griselda Blanco. Se trata del dueño de un local bailable ubicado por la ruta 126, que había sido allanado por efectivos de la Policía Federal y la División de Investigación de la Unidad Regional III de la fuerza provincial.
Así, son dos los detenidos por el crimen de la periodista correntina, cuyo cuerpo fue hallado el sábado 20 en su domicilio. El primero fue Armando Jara, expareja de Blanco, a quien la fiscal María José Barrero Sahagún imputó el delito de femicidio.
La detención del empresario se habría decidido a partir de los resultados de peritajes, informó El Diario de Curuzú, días después de que la abogada de la familia Blanco, Andrea Tribbia, presentó ante la Justicia información sobre un tercero que podría estar involucrado en el asesinato y habría amenazado a la víctima, según una captura de pantalla que recibió uno de los hijos de la periodista.
“No era habitual en ella preocupar a sus hijos. Su actitud era de confrontar, de pasar por alto amenazas, ella se reía de eso. Son muchas las personas que la amenazaron, no sabemos la naturaleza del vínculo, pero la reacción por ese mensaje no era habitual en ella”, aseguró la abogada.
En tanto, el colectivo Periodistas Argentinas reclamó este jueves que haya transparencia en la investigación por el crimen de la comunicadora correntina Griselda Blanco y anunciaron una serie de acciones en la ciudad de Curuzú Cuatiá, donde se produjo el asesinato, informaron fuentes de la organización.
Las periodistas Nancy Pazos y Claudia Acuña, en representación de Periodistas Argentinas y con apoyo de la Fatpren y Fopea, se reunirán este viernes en Curuzú Cuatiá con los hijos de la víctima, Lautaro y Fabián Cessani, así como con la fiscal Barrero Sahagún.
Las comunicadoras mantendrán un contacto por videoconferencia con el ministro de Justicia de la Provincia, Juan José López Desimoni, informaron desde ese colectivo de prensa y género.
“Queremos que se garantice la transparencia de la investigación, estamos preocupadas con lo que pasó porque sabemos que Griselda recibía amenazas por las denuncias que ella hacía”, dijo a Télam la periodista Paola Butler desde la organización.
En tanto que reforzó el pedido de “seguridad” para quienes se vincularon con la periodista curuzucuateña para brindarle datos, dado que en las amenazas sufridas meses previos a su muerte le exigían que revele sus fuentes y de la escena del crimen desapareció un teléfono celular con el que cumplía sus labores.
En ese sentido, desde el colectivo establecieron contactos con los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y de la Provincia, Buenaventura Duarte.
El miércoles, Periodistas Argentinas realizó una conferencia de prensa en la que reclamó justicia por Blanco, la comunicadora radial y de redes de 44 años que fue asesinada el sábado último en su domicilio de la calle Juan Pujol de Curuzú Cuatiá, a 320 kilómetros de la capital correntina.
El martes último por la tarde la familia de Blanco realizó un responso y concretó la inhumación de sus restos.
El sepelio y el entierro se concretaron luego de que por orden del gobernador Gustavo Valdés se constituyeran en Curuzú Cuatiá y mantuvieran contacto con la familia de la víctima los ministros de Justicia y de Seguridad de la provincia, López Desimoni y Duarte, respectivamente.
Griselda, dedicada al periodismo local en producciones radiales y de redes sociales, fue hallada muerta el sábado último alrededor de las 18 en su casa, con heridas y golpes en el rostro y diversas partes del cuerpo, con una soga atada al cuello, luego de recibir amenazas tras la cobertura de un supuesto caso de abuso sexual en la policía y una muerte por presunta mala praxis en el hospital local Fernando Irastorza.
CGP y agencia Télam
Foto: Enfoque Digital