Unos 360 000 huevos fueron destruidos en la avícola Santa Ana, firma que recurrió a la Justicia en contra del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) por un polémico procedimiento por gripe aviar.
En un video difundido por la propia empresa, su titular, Daniel Enciso Piazza, dijo que, “a pesar de los resultados negativos” para influenza aviar en el establecimiento ubicado en Corrientes, el organismo nacional “mantiene el bloqueo de la empresa” y “obliga a destruir 360 000 unidades de huevos”. El productor aclaro que los huevos “son aptos para el consumo y no constituyen riesgo alguno”, y que, pese a que se propusieron donar, no les fue permitido”.
En los últimos días, la avícola Santa Ana estuvo en el centro de la escena porque el organismo nacional había dispuesto el sacrificio de 200 000 gallinas ponedoras argumentando que un testeo por gripe aviar había dado positivo.
Según señalaron en ese momento desde la empresa, el muestreo en rigor nunca se llevó a cabo. El Senasa había dejado un kit que no se hizo. Primero lo iba a cumplir la veterinaria del establecimiento y luego uno de los dueños de la granja que, al sufrir una descompensación, no lo pudo concretar.
Ante la inminencia de un sacrificio de las aves, la avícola recurrió a la Justicia y logró que el juez federal N.º 2, Juan Carlos Vallejos, frenara la matanza. El magistrado ordenó un muestreo, cuyos resultados dieron negativo, informó el viernes por la tarde el Senasa. Eso le dio un respiro a la compañía, temerosa de una pérdida millonaria y en el impacto sobre unos 150 operarios.
Con todo, Vallejos, que había ordenado suspender un allanamiento y ejecución de las 200 000 aves, dejó en pie una interdicción del Senasa “por razones de prevención y resguardo de la salud pública…” hasta cumplidos los 14 días de la supuesta primera toma de muestras, el 4 del actual. Ese período vence el 18, es decir el próximo martes. Junto al mantenimiento de la interdicción, no se pueden sacar productos del establecimiento.
En ese marco, sobrevino la destrucción de los huevos. Armando Aquino Britos, abogado de la firma, dijo que esto es por un “capricho”, en referencia al organismo sanitario, y cuantificó en USD 26 000, a valores oficiales, la pérdida para la pyme. Además, señaló que la firma había ofrecido la donación de esos huevos, pero que el organismo sanitario lo rechazó.
Enciso Piazza, de la avícola Santa Ana, señaló: “Es una aberración destruir alimentos en este país. Nos duele porque es alimento y es el fruto de nuestro trabajo”.
Reiteró su disposición a dar el alimento, algo que han hecho “frecuentemente” en otras oportunidades: “Queremos donar, no tenemos ningún problema que el Senasa nos indique cómo hacer para llevarlos a algún comedor”.
El productor contó que, de manera telefónica, le habían advertido a un funcionario del organismo que se habían quedado sin capacidad de depósito. La respuesta fue que había que destruir.
Para tratar de dejar constancia de todo, enviaron una nota y la contestación fue que un veterinario iba ir a verificar el lugar para la destrucción. Pero del organismo no fue nadie para ese fin y el depósito llegó al límite y con problemas. Enciso Piazza alertó que lo ocurrido este sábado se repetirá. “Todos los días vamos a tener que hacer lo mismo”, afirmó.
En tanto, fuentes del Senasa respondieron a una consulta de este medio. Dijeron que el organismo sanitario “no ordenó la destrucción de los huevos”. En tanto, tras dar a conocer que el resultado dio negativo, el Senasa consideró “pertinente mantener la interdicción por sospecha del establecimiento al menos hasta cumplidos 14 días desde la primera toma de muestras (4 de abril) y realizar una tercera toma de muestras para el desarrollo de técnicas tanto moleculares (RT- PCR) como serológicas, lo que fue comunicado a la autoridad judicial”.
El Senasa había informado que llegó hasta la avícola Santa Ana “porque el predio se encuentra en la zona de control sanitario por su cercanía a un brote de IAAP [influenza aviar altamente patógena] confirmado en la localidad de San Cosme”.
La empresa continuará con una denuncia contra el Senasa por “daños provocados contra la firma”.
Aquino Britos explicó al diario porteño La Nación que la decisión va más allá de los resultados y las pruebas recolectadas a través de un PCR que buscaba determinar el destino de 200 000 gallinas ponedoras.
Según explicó el letrado, la denuncia se originó, dijo, por “el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
“Todo arranca por cómo se tomaron las muestras, que no se tomaron, porque el inspector del Senasa le dejó los kits para que el personal del establecimiento realice las pruebas PCR, cuando son ellos quienes tienen que hacerlas”, argumentó.
“Las muestras no se hicieron porque el dueño de la empresa, que es veterinario también, tiene una enfermedad y se descompuso. Todo esto está establecido en una denuncia”, dijo.
El argumento desde la empresa es que desde que se detectó el caso a 10 kilómetros de la planta de Santa Ana, a principios de este mes, aún no ha habido animales dentro de la granja con síntomas de tener influenza aviar. “Tampoco se sacaron las muestras que pudieron dar resultados negativos”, completó.
“Nosotros vamos contra el Senasa por la vía del amparo, contra ellos; con anterioridad habíamos hecho una denuncia por abuso de autoridad, incumplimiento del funcionario público porque no tomaron las pruebas. El director del Senasa solo le dejó los kits, y no se habían hecho los test. No entró un experto del Senasa al establecimiento, por eso pensamos que el Senasa miente. Además, con la extracción de la muestra no siguen las normas ISO que deberían seguir. Ahora, le corresponde a ellos demostrar que sí ingresaron a la planta”, afirmó.
“Nosotros mandamos a realizar muestras a otro laboratorio privado de Rosario. Van 12 días desde que el virus se detectó a 10 kilómetros; ayer se tomaron las pruebas y las gallinas están bien”, afirmó. Según señaló, el resultado en el laboratorio privado dio negativo, que no existe el virus en ese establecimiento.
A través de un comunicado, el Senasa advirtió que sobre las muestras del establecimiento comercial de Corrientes en la segunda muestra tomada a aves de la granja “Avícola Santa Ana” de Corrientes, dispuesta por orden de la Justicia Federal, dio resultado negativo a la presencia de gripe aviar según diagnosticó el Laboratorio Nacional del Senasa.
“Considerando que Argentina está atravesando una emergencia de influenza aviar altamente patógena (IAAP) desde su ingreso al país, la alta y rápida difusibilidad del virus, sumado a que la granja en cuestión está ubicada dentro del área de riesgo por la cercanía a un brote confirmado y ante la concurrencia de resultados divergentes sobre la presencia del virus de IAAP dentro de la misma, el Senasa considera pertinente mantener la interdicción por sospecha del establecimiento al menos hasta cumplidos 14 días desde la primera toma de muestras (4 de abril de 2023) y realizar una tercera toma de muestras para el desarrollo de técnicas tanto moleculares (RT- PCR) como serológicas, lo que fue comunicado a la autoridad judicial”, dijeron.
“El pasado 6 de abril el Laboratorio del Senasa –el único en el país autorizado para el diagnóstico de IA– detectó la presencia del virus en muestras tomadas a aves de la citada granja por el veterinario responsable de la sanidad, según lo informado por la empresa, y enviadas cumpliendo con las garantías de custodia fijadas en el protocolo correspondiente y dispuso el sacrificio de las aves para evitar la diseminación de la enfermedad”, agregaron.
Una fuente del organismo sanitario indicó: “El objetivo del Senasa es sanitario, controlar la enfermedad. De 5500 granjas comerciales, 11 se vieron afectadas por focos, 78 en total, sumando traspatio y silvestres. En todos los casos se siguen los planes de contingencia, al igual que en traspatio y en silvestre. Entendemos que pueden afectarse intereses particulares, y para eso se trabaja en las asistencias, pero el objetivo en cada caso es que la IA [influenza aviar] no se disperse. Por otra parte, los brotes se van cerrando a medida que se van cumpliendo los protocolos correspondientes”.
CGP, con información de La Nación