El Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchó el lunes los alegatos de la defensa de los abogados acusados de formar parte de la asociación ilícita que involucra al exjuez federal Carlos Soto Dávila y otros funcionarios judiciales de Corrientes, por el supuesto cobro de coimas a narcotraficantes.
Luego de las exposiciones de Valeria Corbacho y Aníbal Ibarra, defensores de los funcionarios judiciales involucrados, fue el turno de Juan Manuel Cubilla Podestá, que representa al abogado Tomás Viglione.
Cubilla Podestá resaltó la “malicia” y “graves defectos técnicos” cometidos por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y su colaborador, el secretario Martín Uriona.
El abogado exhibió pruebas sobre la vinculación personal y profesional entre el juez Sergio Torres y los fiscales Iglesias y Uriona, y sostuvo que “la amistad” entre ellos permitió “el abuso al que sometieron” a los abogados acusados.
“Por fiscales como Iglesias y Uriona, tenemos una Rosario y una Corrientes como tenemos. Estaban más preocupados por quedarse con una Secretaría Electoral y se les escapó el jefe del narcotráfico”, afirmo Cubilla Podestá en relación con Federico Morenita Marín, líder de la banda de narcos que operaba en Itatí y prófugo desde hace unos meses.
“Iglesias, Uriona y Torres compartieron Juzgado, cátedra en la Universidad de Lomas de Zamora y hasta escribieron libros juntos, su amistad era manifiesta y la usaron para accionar con malicia y abuso del proceso contra los acusados”, aseveró Cubilla Podestá.
“Sorprende la ausencia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Comisión de Defensa del Abogado en esta causa, donde se intervenían teléfonos y se escuchaba a abogados y sus clientes”, lamentó.
El fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, solicitó el 31 de marzo pasado penas de 15 de prisión y de inhabilitación absoluta y especial perpetua para el exjuez Soto Dávila, acusado de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico a cambio de dádivas, y requirió que se lo condene al pago de una multa de 75 000 pesos.
Schaefer consideró que a lo largo del debate quedó acreditado que Soto Dávila cometió el delito de asociación ilícita, en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado, en calidad de autor, reiterado en ocho oportunidades que concurren materialmente entre sí, el cual concurre a su vez en forma ideal con el de prevaricato, en calidad de autor, reiterado en nueve oportunidades.
Schaefer pidió además penas de 12 y 9 años y 6 meses de prisión para Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, dos funcionarios del Juzgado Federal por entonces a cargo de Soto Dávila, la inhabilitación absoluta y especial perpetua y el pago de una multa de 65 000 y 50 000 pesos, respectivamente.
Consideró que Molina y Grau son responsables del delito de asociación ilícita, en carácter de miembros de la organización, en concurso real con cohecho pasivo agravado, en calidad de partícipes necesarios, reiterado en cinco oportunidades que concurren materialmente entre sí.
En el caso de Molina, en concurso ideal con el de prevaricato, como partícipe necesario, reiterado en seis oportunidades, mientras que en el de Grau con una reiteración del delito en tres ocasiones.
Por otra parte, solicitó penas de 8, 7 y 5 años de prisión para los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione, respectivamente, y la inhabilitación absoluta y especial perpetua para los tres, por considerarlos responsables de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros de la organización, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado, reiterado en cuatro oportunidades que concurren materialmente entre sí, en calidad de coautores.
Finalmente, solicitó la pena de 2 años y 5 meses de prisión efectiva para el abogado Juan Manuel Faraone, exintendente de Empedrado, por considerarlo penalmente responsable del delito de cohecho activo agravado.
El juicio por el caso del Juzgado Federal de Corrientes comenzó el 21 de junio de 2022 y a lo largo de las audiencias declararon más de 60 testigos.
El tribunal está compuesto por los jueces Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones), dada la excusación de los integrantes originales del tribunal por su relación con los exfuncionarios acusados.
CGP