Foto: Arabela Carreras y Alicia Kirchner. Solo 2 jurisdicciones de las 24 están gobernadas por mujeres.
A pesar de tres décadas de vigencia de leyes que exigen un piso de participación en la representación política –la de cupo femenino, sancionada en 1991, y la paridad, de 2017–, en la Argentina persisten aún grandes desafíos para lograr un acceso equitativo de las mujeres a las esferas del poder político y económico.
Una de las áreas a explorar es la disparidad en materia de toma de decisiones y representación. Para medirlo, el centro de investigación Fundar desarrolló el Índice de Género, Decisión y Representación (IGDR), que permite evaluar las posibilidades que tienen las mujeres de integrar las élites políticas, judiciales y económicas en cada provincia del país.
Debido a la casi nula disponibilidad de datos sobre la situación de personas trans, travesti y no binarias, el IGDR atañe solo a la categorización varones y mujeres, aclara el estudio publicado por Fundar.
La investigación revela “una heterogeneidad en el nivel de participación de mujeres en las esferas del poder político, económico y judicial” en las provincias.
“Estas diferencias no se explican ni por nivel de desarrollo económico y riqueza de las provincias ni por el signo político en el poder ni siguen un criterio regional. Para entender qué influye en el acceso de las mujeres al poder, distinguiremos entre acceso a la representación en los cuerpos legislativos (en donde la incorporación de legisladoras busca garantizar la representación de las mujeres) y el acceso a puestos de toma de decisión (en el cual las reglas de entrada no siempre son electivas)”, señala el estudio.
Para capturar esto, el IGDR se organiza en torno a dos componentes: representación política y poder de decisión, para revisar el grado de paridad en los tres poderes públicos y el sector privado.
Poder decidir
El poder de decisión es el componente que mejor explica la variación de niveles de paridad entre provincias, debido a que aquellas que mejor puntaje obtienen en el índice de igualdad de género son las provincias en que las mujeres ocupan en mayor medida posiciones en los poderes ejecutivo y judicial y en el sector privado.
El Poder Judicial es el sector más feminizado. Es el poder con la paridad promedio más alta (83 %) y en el que más provincias alcanzaron la igualdad (ocho). Esto puede deberse a la estabilidad en las trayectorias profesionales de las mujeres que deciden hacer la carrera judicial o a las reglas institucionales de promoción.
En los fueros provinciales es donde más distritos se acercan a la paridad de género. Las mujeres son casi la mitad de los jueces y juezas (2242 de 5030), pero solo 8 de las 24 provincias alcanzan la paridad.
La provincia con mayor participación femenina es Chaco, donde el 58 % de los máximos cargos son mujeres: 124 de 213. ¿La menos paritaria? Santa Cruz, que solo tiene 20 de 62 puestos ocupados por mujeres.
El Poder Ejecutivo es, por el contrario, uno de los sectores más masculinizados. A nivel provincial, los gabinetes tienen una paridad media de 40,9 % (es decir que la presencia de hombres es más de dos veces mayor a la de las mujeres).
La disparidad no se da solo en la cantidad de mujeres que integran los gabinetes, sino en sus jerarquías y los puestos que ocupan. De hecho, ninguna provincia llega al máximo puntaje de paridad dado que, aun donde el gabinete es paritario, quien gobierna es un varón.
De los 24 distritos solo hay dos gobernados por mujeres, Santa Cruz y Río Negro, pero sus gabinetes no están tan cerca de la paridad.
Solo hay 8 provincias que tienen más del 30 % de ministras mujeres. Los gabinetes más paritarios: Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego. Ahora, la distribución de carteras responde a roles de género tradicionales: más de la mitad de las ministras se encargan de áreas ligadas a cuidados y la reproducción: desarrollo social, salud, educación, cultura, medio ambiente, niñez, juventud, familia o género.
A nivel municipal, la situación es similar: la cantidad de mujeres intendentas por provincia es por lejos el indicador con peores resultados de todo el índice y ninguna provincia alcanza la paridad.
De un relevamiento de 1172 municipios de toda la Argentina, 141 están conducidos por mujeres: solo 1 de cada 10 tiene intendenta. La provincia que más intendentas tiene es Río Negro: 9 de 38. En Santa Cruz y Tierra del Fuego directamente no hay mujeres al frente de municipios.
La masculinización del poder no es un problema exclusivo del sector público. En el sector privado, el porcentaje de paridad es de apenas el 51 %, lo que equivale a decir que por cada dos empresas lideradas por un varón encontramos una liderada por una mujer.
A pesar de ser uno de los espacios que continúa masculinizado, esta cifra se corresponde con la situación regional, puesto que en Latinoamérica solo el 22 % de las pymes están lideradas por mujeres (porcentaje de paridad: 44 %).
La ausencia de mujeres en espacios de toma decisión no estatales se observa además en ámbitos clave como la Unión Industrial Argentina (UIA), donde solo tres de los 26 miembros del comité ejecutivo son mujeres, o en la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde una de 19 directivos es mujer.
Poder representar
A diferencia del poder de decisión, la diferencia entre hombres y mujeres en el acceso a puestos como representantes exhibe menor variación. 22 de las 24 jurisdicciones del país cuentan con leyes de paridad que promueven la presencia de legisladoras mujeres. Y, si bien no se puede afirmar que la paridad es la regla, estas herramientas de acción afirmativa calaron hondo en los ámbitos de representación legislativa.
Luego del Poder Judicial, el Poder Legislativo es el segundo sector más feminizado. A nivel provincial, es necesario destacar que todas las provincias argentinas tienen herramientas que promueven la participación legislativa de mujeres. Casi todas las leyes de paridad provinciales extienden el mandato de paridad a la conformación de listas en Concejos Deliberantes, con excepción de Catamarca.
La legislación es clave para alcanzar la paridad entre varones y mujeres no solo por su existencia sino también por su implementación. En aquellos lugares donde las leyes de paridad o cupo encuentran limitantes, se percibe que los puntajes provinciales descienden levemente. Es el caso del indicador de poder partidario que mide la cantidad de listas legislativas que compiten electoralmente por asientos en el Congreso y que están encabezadas por mujeres.
Un último indicador a revisar es el poder partidario, medido en términos de la cantidad de listas legislativas que compiten electoralmente por asientos en el Congreso y que están encabezadas por mujeres.
Este es el indicador de representación con la menor cantidad de provincias que alcanzan la paridad. Dada esta participación relativamente paritaria en las listas legislativas, cabe poner el foco en quienes encabezan dichas listas y qué puestos que ocupan las representantes mujeres y varones. Algunas provincias extienden los mandatos de paridad a la conformación de autoridades partidarias, pero solo San Luis refiere a la alternancia en el género de quien encabeza la lista elección a elección en dos disposiciones electorales transitorias de 2021 y 2023.
Contemplar las realidades regionales
El carácter subnacional del índice permite además presentar una radiografía de la situación de cada provincia y realizar un análisis comparativo. En esta línea, La investigación agrupó las 24 jurisdicciones del país en 3 grandes grupos.
El Grupo A reúne a las seis provincias más igualitarias en términos de género, ubicadas en los primeros puestos del ranking (Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Mendoza) con una paridad media de 66,1 %. Estas provincias son, a grandes rasgos, las que mayor paridad tienen a lo largo de las distintas áreas evaluadas. Cuentan con cinco indicadores que superan ampliamente la media.
Las cuatro primeras provincias incluso alcanzan los 80 puntos de igualdad en al menos cuatro de ellos. Ofrecen rendimientos por encima de los valores críticos en el Poder Legislativo provincial, sin excepción y todas ellas cuentan con leyes de paridad provinciales. Es además el grupo que exhibe un mejor rendimiento en el Poder Ejecutivo local: con cinco de las seis provincias por encima de la media nacional.
El Grupo B agrupa casi la mitad de las provincias: 11 jurisdicciones con una paridad media de 56,6 % (Chubut, Chaco, CABA, Córdoba, Catamarca, La Pampa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires y Jujuy). Al observar sus puntajes desagregados por indicadores, se advierte que solo en el indicador de Poder Judicial se obtienen sistemáticamente resultados en el tercio superior, con la excepción de Entre Ríos y Buenos Aires. En el resto de los indicadores se observan performances erráticas. Con excepción de Chaco y Entre Ríos, destaca la masculinización del Poder Ejecutivo provincial. Sin embargo, su performance en liderazgo privado y poder partidario se encuentra entre los valores más bajos de todo el índice.
Finalmente, el Grupo C, ubicado al final del ranking, agrupa a los territorios más masculinizados (Tucumán, Formosa, San Juan, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz) con una paridad media de 44,7 % . Este grupo presenta mejor performance que el Grupo B en términos de Poder Ejecutivo provincial, pero una performance deficiente en el resto de los indicadores. De hecho, es el grupo que exhibe números más bajos en todo el componente de representación política.
CGP