La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza este jueves la primera de las audiencias con los testigos citados, jueces y funcionarios judiciales, en lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.
Para la jornada fueron convocados los magistrados Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires), que asistieron a la requisitoria.
Existía la duda en el mundillo judicial sobre el alcance de la citación: el artículo 250 del Código Procesal Penal incluye a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación entre quienes no están obligados a comparecer a los tribunales cuando son citados como testigos, pero el reglamento de la Comisión de Juicio Político dispone lo contrario.
“Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar”, se indica en el reglamento de la comisión, por lo que los funcionarios convocados habrían interpretado que la citación no tiene carácter de opcional.
🏛⚖️ #Ahora en la 5° reunión de la Comisión de #JuicioPolítico en @DiputadosAR, comienzan las audiencias testimoniales
Seguílo en vivo🤳🏻https://t.co/2sjOdF9642 pic.twitter.com/l27QzADzI4
— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) February 23, 2023
La convocatoria de ambos magistrados está vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat de Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como “Consejo de la Magistratura” y “Coparticipación”.
El juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.
Además, fueron citados funcionarios del máximo tribunal. De la vocalía de Rosatti, Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N.º 5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N.º 2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
A propuesta de la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto, quien encabeza junto a Juan Manuel López dos expedientes plagados de acusaciones contra Lorenzetti, se convocó a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura.
CGP, agencia Télam y Parlamentario
Foto: Cámara de Diputados de la Nación