Foto: partidarios del expresidente Pedro Castillo discuten con policías antidisturbios durante una protesta para exigir el cierre del Congreso y la liberación del exgobernante en el centro de Lima, el 15 de diciembre de 2022. Martín Bernetti/AFP.
El expresidente de Perú Pedro Castillo permanecerá bajo prisión preventiva los próximos 18 meses, según resolvió este jueves el juez supremo Juan Carlos Checkley, mientras el Congreso peruano discutía el adelanto a 2023 de las elecciones generales, propuesto por el Gobierno, una decisión que exige varios pasos formales y que obligó a extender hasta febrero próximo la presente legislatura.
La decisión judicial no abordó los méritos de las acusaciones que enfrenta Castillo, quien ha sido acusado de rebelión y conspiración, pero el juez Checkley citó el riesgo de fuga del presidente depuesto.
Castillo ha negado todos los cargos y ha dicho que sigue siendo el presidente legítimo del país.
Manifestantes se reunieron frente a la cárcel donde estuvo detenido, con pancartas contra la nueva presidenta, Dina Boluarte, y el pedido de cierre del Congreso.
“Solo queremos que se escuche la voz del pueblo. El pueblo está exigiendo que traigan de vuelta a nuestro presidente”, dijo Gloria Machuca, una manifestante.
Las protestas han amenazado la logística en las principales minas de cobre y han llevado a que se declare un toque de queda en franjas del país andino.
Al menos 18 personas han muerto durante los enfrentamientos en Apurímac, Arequipa, La Libertad y Ayacucho, entre civiles y efectivos de la Policía Nacional, informó el diario La República, de Lima.
Castillo, exmaestro e hijo de campesinos, obtuvo una estrecha victoria electoral el año pasado bajo la bandera del partido marxista Perú Libre. Fue destituido por una abrumadora mayoría de legisladores que lo acusaron de “incapacidad moral permanente” pocas horas después de que ordenara la disolución del Congreso el 7 de diciembre.
Argentina, Bolivia, Colombia y México firmaron esta semana una declaración conjunta que declara a Castillo “víctima de acoso antidemocrático”.
Un bloque de países de izquierda reunidos en La Habana, incluidos Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, también respaldó al encarcelado Castillo, rechazando lo que describió como “el marco político creado por las fuerzas de derecha”.
La canciller Ana Cecilia Gervasi, nueva en el cargo luego de que Boluarte asumiera el cargo de Castillo la semana pasada, respondió el jueves por la mañana convocando a los embajadores de Perú en Argentina, Bolivia, Colombia y México para una consulta.
Gervasi escribió en Twitter que las consultas “se relacionan con la injerencia en los asuntos internos del Perú”.
Continúan los disturbios
La Constitución de Perú permite que un presidente cierre el Congreso, pero solo si los legisladores aprueban dos veces mociones de censura en el gabinete del presidente, lo que no sucedió el día de su destitución el miércoles pasado.
La administración de Boluarte de una semana, que según ella será un gobierno de transición, ha sido reconocida por el presidente de Chile y por Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Canadá y Estados Unidos.
Los manifestantes continuaron bloqueando carreteras este jueves, a pesar de que el gobierno había promulgado un estado de emergencia un día antes. Eso otorgó poderes especiales a las fuerzas armadas y la policía y limitó las libertades de los ciudadanos, incluido el derecho de reunión.
El defensor del Pueblo exigió el cese inmediato del uso usado armas de fuego y bombas lacrimógenas arrojadas desde helicópteros por parte de las fuerzas armadas sobre los manifestantes.
La crisis política presenta un riesgo para la producción en las principales minas de cobre de la nación andina, el segundo mayor productor mundial del metal.
Los bloqueos de carreteras, particularmente en regiones mineras clave en el sur, han comenzado a complicar el suministro hacia y desde las minas, como la enorme mina Las Bambas de MMG (1208.HK) , que produce alrededor del 2 % del cobre mundial.
Otros operadores mineros importantes en Perú incluyen a Anglo American (AAL.L) y una sociedad de BHP (BHP.AX) y Glencore (GLEN.L) en el vasto depósito de Antamina.
A última hora del jueves, el Gobierno impuso un toque de queda en 15 provincias locales, la mayoría en regiones andinas rurales.
La televisión local mostró una fila de decenas de vehículos varados al costado de una carretera costera clave al sur de Lima y cientos de manifestantes colocando piedras en las carreteras de las regiones de Puno y Arequipa y el centro turístico de Cusco.
Las protestas también han dejado varados a decenas de turistas, incluidos niños, en un remoto pueblo de montaña.
Un gran sindicato, la Confederación General de Trabajadores, intervino con un llamado a un “día de lucha”, mientras los manifestantes exigían elecciones inmediatas y la renuncia de Boluarte.
En una publicación en Twitter antes de que se emitiera el fallo de prisión preventiva, Castillo criticó una reunión entre el embajador de Estados Unidos en Perú y el palacio presidencial. Sin citar pruebas, dijo que eso había llevado a la orden de desplegar tropas y “masacrar a mi indefenso pueblo”.
Con información de la agencia Reuters y La República