El Gobierno provincial informó que prestará la colaboración que requiera la Justicia en la investigación sobre irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro, y garantizó el funcionamiento de esos organismos, cuyas áreas de contralor efectuaron las denuncias que derivaron en la intervención judicial.
En un comunicado oficial, la Provincia señaló que “aguarda y colabora con la investigación y determinación de responsabilidades en los hechos presuntamente delictivos que habrían ocurrido, poniendo de relieve que las investigaciones de los mismos se originaron a partir de las denuncias de los mismos organismos de contralor de las citadas entidades y que datan del pasado mes de febrero”.
El Gobierno aclara que “los hechos que se investigan tienen que ver con actividades desarrolladas por profesionales y ciudadanos del ámbito privado que habrían intentado o inscripto títulos de propiedades obtenidos de manera fraudulenta, lo que derivó con anterioridad en detenciones y acciones que intentan determinar las magnitud y la existencia de diversos delitos y los involucrados” en ellos.
Mientras tanto, más allá de las medidas judiciales que afectan al Registro de la Propiedad Inmueble y Dirección General de Catastro, y derivaron en la detención funcionarios, la Provincia “garantiza el funcionamiento” de los organismos, “fundamentales para el desarrollo de las actividades que involucran a las propiedades de los correntinos”.
El jueves último, efectivos de la Prefectura Naval Argentina allanaron varios domicilios y oficinas de las direcciones de Catastro y Cartografía y de la Propiedad Inmueble de la Provincia, en una causa por presuntas estafas con ventas de lotes en terrenos altamente cotizados de la zona de Santa Ana, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas.
Al menos diez personas fueron detenidas ese día, entre ellas, empleados y los directores de los organismos, como el agrimensor Narciso Santín Toffoletti, titular de la Dirección de Catastro y Cartografía de Corrientes, y la escribana María Eugenia Demetrio, directora del Registro de la Propiedad Inmueble, quien además, desde noviembre pasado, preside el Consejo de Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, que reúne a los 24 distritos del país.
“Las acciones generadas en la fecha son consecuencia de las denuncias formuladas por los propios organismos de la Provincia y se aguardan nuevas acciones similares hasta la determinación definitiva de responsabilidades en este tipo de procedimiento fraudulento”, se informó oficialmente.
Los operativos se realizaron en el edificio de Catastro ubicado en 9 de Julio 1536; en el Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes, en la avenida 3 de Abril 1202, y en otros tres domicilios.
La orden de allanamiento fue tramitada por el fiscal de Instrucción N.º 3, Gustavo Roubineau, y constituye la continuidad de un largo proceso iniciado este año por denuncias generadas por las respectivas oficinas de contralor, sobre presuntas irregularidades en varios trámites, cambios de sistema, modificaciones de datos, alteración de procedimientos, eliminación de archivos e incluso la incineración de documentación.
Un incendio afectó en febrero pasado el área de sistemas del Registro de la Propiedad, lo que provocó la pérdida de grandes cantidades de documentación. Lo llamativo es que el siniestro se produjo dos días después de que se informaron cinco detenciones en el marco de esta misma causa, tras un operativo realizado el 12 de febrero.
El hecho que se investiga involucra la actuación de una escribana del ámbito privado, que intentó concretar la inscripción de inmuebles con los títulos de propiedad adulterados, y que aparentemente habían sido comercializados por la profesional. Algunos lotes fueron vendidos incluso en más de una oportunidad, informó el diario La Nación.
Empleados y funcionarios de Catastro y Cartografía, del Registro de la Propiedad Inmueble, y sus directores también están involucrados, además de abogados y un fiscal del Poder Judicial de Corrientes: Gustavo Schmidt Breitkreitz, titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal Nº. 2 (TOP 2), a quien se lo acusa por una maniobra fraudulenta en la adquisición de terrenos en sucesión que estaban usurpados.
El fiscal Roubineau acusa a Schmidt de estafa y falsificación de documentos públicos. El acusado ya rechazó los cargos en su contra y aseguró que pidió su desafuero para ser indagado como un ciudadano común.
Las detenciones del jueves se suman a las de febrero pasado, cuando la Prefectura Naval Argentina detuvo a cinco personas que integraban una banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular, según informaron desde la fuerza.
Ese día se realizaron ocho allanamientos de manera simultánea a domicilios particulares, a una escribanía y a dos estudios jurídicos, donde se detuvo a tres mujeres y dos hombres.
CGP
Foto: Nicolás Alonso/en La Nación