El exdirector de la Policía Bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps, durante la última dictadura cívico militar, Miguel Osvaldo Etchecolatz, falleció este sábado a los 93 años, y su figura será recordada en la historia argentina por ser uno de los principales responsables y ejecutores del período más oscuro del país.
Etchecolatz murió a las 5.30 de hoy en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, informaron fuentes de las querellas en su contra.
Nacido en la ciudad de Azul el 1 de mayo de 1929, Etchecolatz muere con múltiples condenas a prisión perpetua, acusado por diversos crímenes de lesa humanidad, mediante sentencias dictadas en los años 1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2021 que fueron unificadas en una pena única de reclusión.
Su nombre quedó asociado también con la desaparición de Jorge Julio López, en plena democracia, luego que la declaración judicial del albañil en 2006 como testigo fuera determinante en una causa en contra del expolicía, y por la cual fue condenado a reclusión perpetua.
Años después, el 24 de octubre de 2014, el represor y otros 14 exmilitares fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha.
Mientras se leía la sentencia, Etchecolatz tenía en sus manos un papel donde se leía el nombre de Jorge Julio López, una imagen que resultó escalofriante a más de una década de retornada la democracia y en el marco del avance de los juicios de lesa humanidad.
Temible derrotero
Etchecolatz tuvo a su cargo 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, donde ordenó la tortura y muerte de miles de hombres y mujeres alojados allí, como lo determinaron las nueve condenas a cadena perpetua que recibió; la última en mayo de este año.
Fue el responsable de la desaparición de estudiantes secundarios de La Plata, en el hecho que se conoció como La Noche de los Lápices, y fue quien conocía qué pasó con Clara Anahí Mariani, apropiada a los tres meses de vida tras asesinar a su madre Diana Teruggi en un operativo de fuerzas conjuntas en la casa de la niña, en la ciudad de La Plata, el 24 de noviembre de 1976.
Por varios testimonios se pudo saber que, tras la intensa balacera contra la casa -que incluyó un obús que destruyó parte del frente-, un policía retiró a la beba de la vivienda y la entregó a Etchecolatz, que aguardaba en un vehículo y se la llevó, sin decir nunca a quien la entregó.
En 1986, Etchecolatz fue sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia por aplicación de la Ley de Obediencia Debida.
En el 2001 se lo detuvo por el robo de una beba hija de desaparecidos, Carmen Sanz, nacida en el Pozo de Banfield, y fue condenado a 7 años de prisión y por su estado de salud, se le aplicó el beneficio del arresto domiciliario que le fue revocado en junio de 2006, al constatarse que poseía un arma de fuego en su domicilio.
En el 2004, en el marco del juicio que se siguió al médico de la policía Jorge Bergés, Etchecolatz fue condenado a 7 años de prisión, sentencia que fue recurrida, reduciéndose a 3 años.
En el 2006 comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, donde se oyó uno de los testimonios más conmovedores y precisos sobre el accionar de Etchecolatz en los centros clandestinos a su cargo: fue el que brindó el albañil Jorge Julio López.
El albañil, que desapareció en el marco de ese juicio el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa para ir a escuchar los alegatos del juicio, no dudó en afirmar al declarar que Etchecolatz “era un asesino serial, no tenía compasión”.
El 19 de septiembre de 2006 fue condenado a reclusión perpetua por “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”, imputación que se aplicó por primera vez en el país.
En el 2011 fue condenado por el accionar represivo y el genocidio aplicado en lo que se denominó Circuito Camps.
En el 2013, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata unificó estas tres condenas por delitos de lesa humanidad que recibió Miguel Etchecolatz en una única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua.
Mientras se leía la sentencia, Etchecolatz tenía en sus manos un papel donde se leía el nombre de Jorge Julio López, una imagen que resultó escalofriante a más de dos décadas de retornada la democracia y en el marco del avance de los juicios de lesa humanidad.
En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a Etchecolatz a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición en junio de 1977 de los militantes universitarios Daniel Favero y María Paula Álvarez, aunque le fijó una pena única de prisión perpetua debido a las sentencias anteriores que ya existen en su contra.
A pesar de tener tantas condenas por genocida, Ertchecolatz seguía siendo policía de la provincia de Buenos Aires y recién en agosto de 2017 fue exonerado de la fuerza policial provincial. Cuando le fue notificada su exoneración, Etchecolatz firmó y debajo escribió “prisionero de guerra”.
En octubre de 2018 fue condenado a perpetua por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.
En el 2020 sumó otra condena a perpetua por los secuestros, torturas y muertes a detenidos alojados en la Brigada San Justo y finalmente, en mayo de este año se lo condenó a perpetua por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices.
Etchecolatz se va impune de los delitos cometidos contra 500 víctimas en los centros clandestinos de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús y también quedará impune su participación en los crímenes de cinco personas, entre ellas una mujer Vicenta Orrego Meza, a quien le arrebataron sus tres hijos, que fueron entregados al Hogar Belén en Banfield, donde sufrieron maltratos y abusos sexuales por los que aún sufren secuelas psicológicas.
Murió un hombre que fue símbolo de la dictadura, de la saña y el terror sembrados en aquellos años y del silencio que mantuvo hasta el final en una perversa actualización de la tortura que supo aplicar a miles de víctimas y que seguía infligiendo a los familiares de éstas al negarles saber dónde están enterrados o con quien están viviendo los bebes apropiados.
Rubén López, uno de los hijos del albañil y militante peronista Jorge Julio López, expresó con exactitud a Télam la sensación que deja esta muerte, donde no está presente el alivio.
“Siento una sensación rara, como un dolor de estómago cuando estás nervioso por algo. Estoy nervioso y no es por tristeza y tampoco es por alegría. Lamento que se haya muerto impune, sin decir dónde está Clara Anahi y qué pasó con mi viejo. Es un día extraño, raro”, afirmó.
CGP, con información de Télam
Foto: Télam