El Gobierno peruano decretó un toque de queda para casi toda la jornada de este martes en Lima y el vecino puerto del Callao, tras un paro parcial de transportistas que ayer causó bloqueos de rutas y disturbios con el balance provisional de al menos tres muertos.
“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear […] y en aras de restablecer la paz y el orden interno […], el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana”, dijo el presidente Pedro Castillo en un mensaje al país por televisión cerca de la medianoche.
La medida, que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, implica dejar encerrados en sus casas el martes a los 10 millones de habitantes de Lima y el Callao, puntualizó la agencia de noticias AFP.
Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de cabinas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron este lunes en diversas zonas de Perú en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, en el poder desde hace ocho meses.
Las protestas, originadas en las alzas de los precios de los combustibles y alimentos, se desarrollaron en Lima y las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali, entre otras, y llevaron a suspender las clases en las escuelas por la restricción del transporte público.
“Hago un llamado a la calma, a la serenidad, la protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley”, indicó Castillo en su breve mensaje.
El mandatario indicó que la medida regirá para la provincia de Lima, también conocida como Lima Metropolitana, capital, y para el Callao, una provincia constitucional colindante.
Lima Metropolitana y el Callao conforman una sola unidad urbana que se entiende como la ciudad capital del país, la cual alberga a una población cercana a los 11 millones de habitantes, añadió la agencia de noticias Sputnik.
Los bloqueos de rutas y los disturbios continuaban anoche, pese a que el Gobierno decretó ayer una rebaja de los precios de los combustibles, al eximirlos de un impuesto de manera transitoria, y a que algunas organizaciones de transportistas informaron que abandonaban la protesta, según la agencia de noticias Andina y el diario La República.
Un paro parcial de transportistas y choferes de carga y de pasajeros, iniciado la semana pasada y agudizado ayer, generó el bloqueo de varias rutas, la suspensión de clases y la muerte de un hombre que era trasladado en una ambulancia que fue interceptada por uno de los cortes.
La medida de fuerza, en protesta por los precios del combustible y los peajes, es la primera de peso contra el gobierno de Castillo, que en ocho meses de gestión ya sorteó en el Congreso dos pedidos de destitución.
En las regiones de Ica (sur) y Junín (este) hubo saqueos en comercios, según imágenes difundidas por televisoras locales. En Ica, a 300 km al sur de Lima, fueron quemadas algunas casetas de peaje en la ruta Panamericana, una de las principales vías del país.
Este lunes Perú vivió una nueva jornada de manifestaciones y bloqueos en diferentes puntos del país, como Lima, la capital. A pesar de que las manifestaciones comenzaron en la región céntrica de Junín, donde el gobierno de Pedro Castillo logró firmar un pacto con los huelguistas del sector transportista y agrario, el descontento por el elevado costo de vida se ha extendido a toda la nación.
Perú enfrenta un nuevo capítulo de inestabilidad política y social. Esta vez, el motivo radica en el alto costo de la vida debido a la subida del precio del combustible, fertilizantes y alimentos. Por eso, este 4 de abril Lima registró varios bloqueos a lo largo de la ciudad y su área metropolitana, en un paro convocado por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú.
Este es el séptimo día consecutivo de protestas y bloqueos en el país, en concreto en la región céntrica de Junín, donde ya han muerto al menos tres personas, una de ellas menor de edad.
Una tensa situación que está poniendo al gobierno de Pedro Castillo en aprietos tan solo una semana después de que el Congreso rechazara una moción de vacancia contra el presidente.
En cumplimiento de los compromisos del Gobierno durante la mesa de diálogo realizada en Huancayo, desde hoy, se ha dispuesto que las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos y los tipos de diésel, esten excluidos del Impuesto Selectivo al Consumo hasta el 30 de junio. (1/2)
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 3, 2022
Para intentar contener esta crisis, Castillo consiguió negociar un acuerdo con el sindicato de transportistas –al que se unió el de agricultores– de Junín, que exigían rebajar los precios del combustible y eliminar la competencia desleal de transportistas extranjeros, entre otras demandas.
“En cumplimiento de los compromisos del Gobierno durante la mesa de diálogo realizada en Huancayo, desde hoy, se ha dispuesto que las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos y los tipos de diésel estén excluidos del impuesto selectivo al consumo hasta el 30 de junio”, tuiteó Castillo.
Una delegación del Gobierno en Huancayo, la capital de Junín, logró este pacto con los representantes de los huelguistas y, desde entonces, hay una tensa calma en la región. No obstante, eso no impidió que las demandas se extendieran a otros puntos del país, como Ica –en el suroeste del país– o la propia capital peruana.
La subida del precio de los combustibles comporta también el encarecimiento de la canasta básica familiar, ya que si es más caro transportar los alimentos, también lo es su precio final para el consumidor. Algo que tiene un fuerte impacto sobre el nivel de vida del ciudadano medio en Perú, que en 2020 registró una pobreza monetaria del 30,1 %.
Tras un amplio diálogo con el presidente @PedroCastilloTe, el premier @anibaltorresv y el ministro Nicolás Bustamante, los representantes del Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesada suscribieron un acuerdo y dispusieron levantar su paralización. pic.twitter.com/EeVBG5LwH0
— Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) April 4, 2022
Por eso, en el pacto con los manifestantes de Junín, el Ejecutivo también se comprometió a reducir en un 90 % un impuesto de consumo y llevar al Congreso la eliminación temporal del impuesto sobre las ventas de alimentos básicos, como arroz, durante tres meses.
En esta línea, el presidente Castillo prometió aumentar el salario mínimo un 10,2 % para intentar mejorar la calidad de vida de los peruanos. Sin embargo, esta alza beneficiará solo a un porcentaje reducido de trabajadores, ya que Perú registra una informalidad laboral cercana al 70 %, lo que supone un gran volumen de economía sumergida de la que el Estado no percibe impuestos.
Muertes derivadas de las protestas en el centro del país
Desde el inicio de las protestas, se han dado muchas denuncias de represión policial entre los manifestantes. Una versión que contradice a la proporcionada por el Ejecutivo.
“La Policía ha manejado con mucho tino. Sin embargo, se han registrado tres muertes, pero no por la Policía, sino por accidentes de tránsito y un niño que se cayó al río”, sostuvo el ministro de Interior, Alfonso Chávarry, durante una rueda de prensa el domingo.
En esta línea, Chávarry también aseguró que los decesos durante las protestas no se dieron por “uso desmedido de la fuerza policial”, aunque diferentes organizaciones de DD. HH. y los padres de un menor, que murió ahogado en un río de Huancayo mientras huía de la policía, no opinan igual.
“Al día siguiente (de la muerte del menor) me entero que los policías son los culpables por haber lanzado bombas lacrimógenas y ahí es cuando las personas comienzan a escapar; y mi hijo, al ver a los policías, intenta escapar y se lanza al vacío y un grupo llega a salvarse, pero mi hijo no”, contó José Pomazunco, padre del adolescente de 13 años fallecido, al diario La República.
Junto al menor, también falleció tras ser atropellada una agricultora y profesora que formaba parte de un piquete, y un profesor que no pudo recibir su hemodiálisis.
Con información de las agencias Télam y EFE
Fotos: Alessandro Currarino y Julio Reaño / GEC @photo.gec