Los policías imputados por la muerte de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que se arrojó al río en un procedimiento considerado irregular y cuyo cuerpo apareció flotando dos días después, se abstuvieron de declarar este miércoles en el Juzgado de Instrucción N.º 3.
Si bien fueron 11 los involucrados en la redada de la madrugada del lunes 8 de noviembre en la Costanera Sur, en esta capital, en la audiencia de hoy dos de ellos fueron apartados de la investigación.
Se hizo la aclaración que, “por un error material”, se habían consignado la participación de dos agentes que no estuvieron ese día trabajando, explicó el abogado querellante Hermindo González, en declaraciones a la prensa tras finalizar la audiencia.
De los 9 que quedaron imputados, 2 pidieron la eximición de prisión, que les fue concedida, dijo González, y aclaró que se apelará esa decisión de la jueza Josefina González Cabañas, y que la querella insistirá en pedir “el procesamiento con prisión preventiva” de los efectivos de la Policía de Corrientes, que están acusados de abandono de persona seguida de muerte y apremios.
“Se ha hecho una aclaración de que, por un error material, se consignaron dos nombres como imputados pero que ese día no estuvieron trabajando, por lo tanto fueron apartados de la investigación”, dijo el abogado de la familia de Lautaro Rosé, que se arrojó al río junto con un amigo suyo, de 16 años, quien pudo salir del agua y ahora es testigo protegido en la causa.
Lautaro no sabía nadar y, según la querella, había pedido auxilio para que la policía lo rescatara, mientras los efectivos golpeaban al chico que estaba con él. “Lo detuvieron ilegalmente, lo esposaron y le practicaron apremios ante los gritos de Lautaro de que lo sacaran del agua”, relató ayer González, al encabezar junto con la mamá de la víctima, Juana Sotelo, una multitudinaria marcha por el centro de la ciudad.
“El dato saliente [de hoy] es que todos continúan en libertad, y en esa dirección esta querella va a hacer un planteo para garantizar los fines del proceso”, dijo el abogado.
La defensa de los imputados está a cargo de Jorge Buompadre.
En tanto, la jueza González Cabañas ratificó que los imputados no declararon en la audiencia desarrollada esta mañana y que se espera el testimonio de Sotelo para la semana próxima y de un hermano de ella.
Aseguró que fiscal de Instrucción N.º 6, Gustavo Roubineau, realizó el requerimiento basado en los datos del GPS de los móviles que participaron del operativo y de las imágenes aportadas para la investigación, que “son bastantes”, con videos de las cámaras municipales, del 911 y algunas privadas.
La jueza dispuso restricciones de acercamiento a las víctimas por parte de los policías imputados y que no puedan comunicarse entre ellos por ningún medio ni salir de la provincia, y solicitó que sean apartados de la fuerza hasta que se resuelva su situación procesal.
En declaraciones a radio Sudamericana, González Cabañas confirmó que la causa incluye el abandono de persona seguido de muerte y apremios ilegales, y aclaró que la Gendarmería Nacional colaborará cuando lo requiera el fiscal.
CGP
Foto: Germán Pomar/Télam