Los familiares de los obreros muertos en el derrumbe ocurrido en el edificio de la calle San Martín que asistieron este viernes a la audiencia de suspensión de juicio rechazaron la oferta de las defensas del ingeniero Walter Bruquetas y el capataz Carlos Valenzuela, ambos imputados por el hecho ocurrido en marzo de 2012, en esta capital.
En el Tribunal Oral Penal N.º 1 continuó esta mañana audiencia de solicitud de probation o suspensión de juicio a prueba en causa que se les imputa a Bruquetas, Valenzuela y Marcelo Mayer por supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona.
El pedido de probation fue ofrecido por Julio Leguizamón, quien representa a Mayer; por la defensora oficial María Marta Correa, que representa a Bruquetas, y por el defensor oficial Nicolás Báez, a favor de Valenzuela.
Quedan pendientes las respuestas de Zacarías Medina, quien hoy no se hallaba presente por cuestiones de salud, y Luis Alberto Pelozo, quien consultará con un abogado.
En todos los casos, el ofrecimiento de Mayer fue económico, al igual que Bruquetas, en tanto que Valenzuela puso a disposición su fuerza de trabajo.
El proceso continuará el viernes 5 de noviembre, a las 9.30. Serán citados todos los que en la primera audiencia solo se expidieron respecto de Mayer y quienes aún no respondieron.
El Tribunal, de acuerdo con el artículo 76 bis del Código Procesal Penal, tiene la obligación de escuchar a los damnificados, que son los que deciden si aceptan o no los ofrecimientos de los imputados. Sin embargo, es el cuerpo de jueces el que luego define la situación de cada imputado en función del hecho, de lo que exprese el fiscal y lo que señalen los defensores.
El tribunal está integrado por Raúl Juan Carlos Guerín, como presidente, y Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo como vocales. El fiscal es Carlos Lértora. Estuvo presente la asesora de Menores N. º 4, Estela Fanny Romano, en representación de menores involucrados en la causa, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Tras la audiencia anterior, el abogado Rubén Leiva, que representa a tres familias, comentó: “Ofrecen $ 2,5 millones, con una entrega de $ 1,5 millones y 10 cuotas de $ 100 000. De ninguna manera se puede sostener esto cuando los seguros de responsabilidad civil están por arriba de $ 20 millones”.
El derrumbe del edificio de la calle San Martín ocurrió el 22 de marzo de 2012 entre las 12.30 y 12.50. Ocho de los obreros que trabajaban a esa hora en la obra murieron, dos resultaron con heridas graves y uno, con heridas leves.
Ese día, 11 obreros trabajaban en altura en la obra. Estaban hormigonando la escalera ubicada debajo del tanque de agua. Al no tener la mezcla vertida, se produjo el derrumbe del encofrado del tanque con el hormigón bombeado dentro de él.
El fiscal consideró que el hecho se produjo por graves fallas en la supervisión y control en el armado del encofrado, que resultó defectuoso por insuficiencia de sus apuntalamientos, lo que redujo su resistencia y contribuyó a alterar la resistencia del conjunto y la carencia de elementos adecuados de protección personal y demás previsiones para el trabajo en altura. Tampoco se adoptaron los mecanismos de protección de personas para el trabajo en altura.
El derrumbe ocasionó el arrastre de las 11 personas que estaban cargando el hormigón del tanque de agua por encima del nivel N.º 9 de la obra en construcción, provocando la muerte de 8 personas que cayeron al vacío.
Murieron Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Ramón Valentín Zacarías, Enrique Eduardo Fabián Sosa y Paulo Alejandro Medina.
Luis Alberto Pelozo y Nelson Adrián Valenzuela sufrieron lesiones graves y José Augusto Molina, leves.
CGP