Foto: Manifestantes participan de una protesta en Bogotá contra la brutalidad policial, el 6 de mayo./ Nathalia Angarita/Reuters.
Grupos defensores de derechos humanos denunciaron hoy que al menos 379 personas desaparecieron en Colombia durante la ola de protestas contra una reforma fiscal impulsada por el presidente Iván Duque, manifestaciones que dejaron al menos 26 muertos y centenares de heridos.
La cifra fue elevada por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD), dependiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que releva la información que proporcionan 26 organizaciones de derechos humanos en el país.
Inicialmente, el reporte registraba 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1 de mayo, pero ya fueron encontradas 92, varias de ellas heridas y hospitalizadas.
En tanto, la Inspección General de la Policía de Colombia informó que abrió casi medio centenar de investigaciones internas tras la ola de denuncias por la feroz represión desatada en el marco de las protestas que hace diez días se producen en el país contra una reforma fiscal ya retirada.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, son 26 las personas que fallecieron a causa de la brutalidad policial.
En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran la represión en las ciudades de Cali, Medellín, Pasto, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gas lacrimógeno y munición real usadas por la policía contra los manifestantes en las principales ciudades del país.
Activistas denuncian además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la distribución de esas imágenes.
La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.
La Inspección General de la Policía matizó que son 47 las pesquisas abiertas, si bien la Procuraduría General del país asumió diez de estos casos, que se abrieron como investigaciones disciplinarias en la Policía.
Algunos de estos casos incluyen, según la procuradora Margarita Cabello, denuncias sobre presuntos abusos sexuales por parte de los agentes, informó el diario El Tiempo.
La Fiscalía indicó que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones.
La ONU y la Unión Europea (UE) condenaron el pasado martes el uso “desproporcionado” de la fuerza durante las manifestaciones, reclamo al que ayer se sumó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell.
“Las personas en Colombia, como en cualquier otro lugar, tienen derecho a protestar pacíficamente. Este derecho, unido a la libertad de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión es fundamental para toda democracia debe ser respetada y protegida, no reprimida por la fuerza”, señaló Borrell, citado por la agencia de noticias Europa Press.
El presidente argentino Alberto Fernández manifestó ayer su “preocupación” por “la represión desatada ante las protestas sociales en Colombia” y reclamó al Gobierno de ese país que “cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”.
En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar.
Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos.
La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.
El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que se investigan 11 homicidios, 3 de los cuales estarían implicados miembros de la fuerza pública. “Es importante decirle al país que tres de esos homicidios les serán imputados a miembros de la Policía Nacional, en el marco de las manifestaciones”, dijo el fiscal, quien ha sido blanco de críticas en las últimas horas por su anuncio de iniciar procesos de extinción de dominio a las personas que hacen bloqueos en las vías, informó el diario El Espectador.
Las cifras entregadas por los organismos oficiales distan mucho de las entregadas por las organizaciones sociales. Temblores ONG señaló que había 37 homicidios dentro de la protesta.
“Lamentablemente, tenemos que informar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a los medios de comunicación que nuestra plataforma GRITA ha podido registrar que, entre las 6:00 AM del 28 de abril y las 12:00 PM del 5 de mayo de 2021, ocurrieron, al menos, a nivel nacional, 1708 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública”, informó la ONG.
En el nuevo reporte, Temblores ONG entrega a la opinión pública un balance de 222 víctimas de violencia física, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 22 víctimas de agresiones oculares, 110 casos de disparos con arma de fuego y 10 denuncias por violencia sexual.
Además, llamó la atención por el incremento en el uso de recalzadas (bolsas con elementos metálicos en su interior), cortes simultáneos de la energía durante la noche, especialmente en Cali, y la suspensión del servicio de Internet en zonas donde se estaba documentando la reacción de la fuerza pública.
Los ocho días de protestas contra el gobierno de Iván Duque dejaron una cifra que aún retumba en el país: al menos 87 personas fueron dadas por desaparecidas en el marco del paro nacional, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Hoy, organizaciones sociales reportaron que la cifra que tienen consolidada asciende a los 379 casos. La mayoría son jóvenes entre los 18 y 30 años que estaban en confrontaciones con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Las redes sociales, durante estas largas noches, han estado inundadas de letreros de “se busca” y mensajes desesperados de familiares indagando por el paradero de sus seres queridos. Políticos, periodistas, organizaciones y artistas con miles de seguidores se han dedicado a replicar los mensajes hasta que alguien anuncia que “ya apareció”.
Comunicado de la Cancillería de Colombia
La Cancillería de Colombia rechazó hoy las declaraciones del presidente argentino, Alberto Fernández, en las que pidió que “cese la violencia institucional” e indicó que en el país “existen garantías para ejercer la protesta pacífica”.
“Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”, indicó la cartera en su cuenta de la red social Twitter.
“El Gobierno Nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país”, añadió el texto y apuntó que “la institucionalidad democrática protege los derechos constitucionales de los colombianos”.
La Cancillería calificó el pronunciamiento del mandatario argentino como “una intromisión arbitraria”, y lo responsabilizó de “buscar alimentar a la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”.
CGP
Con información de la Agencia Télam y El Espectador