Los imputados en la causa de los 8 obreros muertos en el edificio en construcción de la calle San Martín, de esta capital, en marzo de 2012, pidieron suspender el juicio “a cambio de reparaciones económicas a las familias” de las víctimas.
“En algunos casos [las ofertas] son al menos razonables, pero en otros, irrisorias”, explicaron este martes los abogados Juan Manuel Cubilla Podestá y Guillermo Castro, y agregaron que los acusados “buscan dilatar el proceso y que no haya un juicio oral, como lo vienen haciendo hace 9 años”.
En el Tribunal Oral Penal N.º 1 se realizó hoy la audiencia de solicitud de probation o suspensión de juicio a prueba a los imputados por el hecho ocurrido el 22 de marzo de 2012 en calle San Martín Nº 652. Ellos son el ingeniero Walter Abelardo Bruquetas, el arquitecto Marcelo Javier Mayer y el capataz de la obra, Carlos Valenzuela.
La solicitud fue presentada por Julio Leguizamón, que representa a Mayer. El abogado exhibió ante el tribunal los acuerdos y convenios con varios damnificados. Los que faltan fueron escuchados esta mañana.
Así, comparecieron Margarita Báez y Nancy Rivero, quienes manifestaron no querer acordar, y Enrique Zarabozo (vecino del edificio), quien afirmó que está en trámite de llegar a un arreglo con los imputados.
La defensora oficial, María Marta Correa, presentó la solicitud de la suspensión de juicio a prueba a favor de su defendido Walter Abelardo Bruquetas, y el defensor oficial, Nicolás Báez, hizo lo propio a favor de Carlos Valenzuela.
El TOP N.º 1 tramitó la admisibilidad formal de las probation y, en la próxima jornada, serán analizadas, informó el Poder Judicial. Eso ocurrirá el viernes 29, a las 8.
De la audiencia participó la asesora de Menores N.º 4, Estela Fanny Romano, en representación de menores involucrados en la causa. El fiscal es Carlos José Lértora.
El tribunal está conformado por Raúl Juan Carlos Guerín, como presidente, y Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo, como vocales.
Bruquetas, Mayer y Valenzuela están imputados por el delito de “supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona”.
“Nos enteramos de que el juicio sería por Zoom. Solo estarán los abogados de cada parte, pero los familiares y responsables no”, dijo María Rosa Urbina, madre de Diego Rodríguez, uno de los obreros fallecidos.
“Hace 9 años venimos esperando y pidiendo encontrarnos frente a frente con los responsables”, agregó una de las referentes de la lucha para llegar al juicio por el derrumbe. “Nos explicaron que era porque el lugar físico no es tan grande y porque no había seguridad”, dijo y señaló: “Igual vamos a estar presentes, como sea”.
Rubén Leiva, el abogado de tres familias, dijo que en la audiencia de hoy “se hizo un ofrecimiento de parte del empresario Mayer y también se hizo un ofrecimiento a Zarabozo. Mis representados no quieren saber nada, quieren que haya responsables, que haya culpables y condenas”, aclaró en declaraciones a Radio Dos.
La oferta fue de 500 000 pesos para todas las familias, dijo Leiva. Valenzuela, el capataz, ofreció dar clases y hacer trabajo de mampostería, agregó y recordó que las “anormalidades” de la obra están “probadas: eran 6 pisos habilitados, pero se construyeron 9”.
Para Leiva, “hubo un mecanismo perverso de los empresarios que dejaron que se construyeran más pisos y después pagar multas irrisorias”.
“Ofrecen $ 2,5 millones, con una entrega de $ 1,5 millones y 10 cuotas de $ 100 000. De ninguna manera se puede sostener esto cuando los seguros de responsabilidad civil están por arriba de $ 20 millones”, afirmó el abogado.
El derrumbe del edificio de la calle San Martín ocurrió el 22 de marzo de 2012 entre las 12.30 y 12.50. Ocho de los obreros que trabajaban a esa hora en la obra murieron, dos resultaron con heridas graves y uno, con heridas leves.
Ese día, 11 obreros trabajaban en altura en la obra. Estaban hormigonando la escalera ubicada debajo del tanque de agua. Al no tener la mezcla vertida, se produjo el derrumbe del encofrado del tanque con el hormigón bombeado dentro de él.
El fiscal consideró que el hecho se produjo por graves fallas en la supervisión y control en el armado del encofrado, que resultó defectuoso por insuficiencia de sus apuntalamientos, lo que redujo su resistencia y contribuyó a alterar la resistencia del conjunto y la carencia de elementos adecuados de protección personal y demás previsiones para el trabajo en altura. Tampoco se adoptaron los mecanismos de protección de personas para el trabajo en altura.
El derrumbe ocasionó el arrastre de las 11 personas que estaban cargando el hormigón del tanque de agua por encima del nivel N.º 9 de la obra en construcción, provocando la muerte de 8 personas que cayeron al vacío.
Los fallecidos fueron Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Ramón Valentín Zacarías, Enrique Eduardo Fabián Sosa, y Paulo Alejandro Medina.
Luis Alberto Pelozo y Nelson Adrián Valenzuela resultaron lesiones graves, y José Augusto Molina, con lesiones leves.
La causa se elevó a juicio el lunes 7 de mayo de 2018, pero su inicio tuvo al menos tres suspensiones.
CGP
Foto: Germán Pomar/Télam