El Gobierno nacional dispuso, entre una serie de medidas tendientes a promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino, que el 30 % de la obra pública nacional será otorgada, mediante los mecanismos habituales de contratación previstos por el Estado, a cooperativas de la economía popular, en tanto en los procesos licitatorios se dará preferencia a las empresas oferentes que cuenten con un mínimo del 5 % de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa Puentes de Empleo.
Además, dio un plazo de 60 días para la designación de los representantes de los sectores que componen el llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.
Así lo hizo mediante el Decreto 728/2022 publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Desarrollo Social; Victoria Tolosa Paz, de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
El Ejecutivo convocó a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, a designar los representantes que integrarán el referido Consejo y los encomienda a promover una “agenda para la institucionalización y el desarrollo de la economía popular”.
El objetivo es “el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la economía popular”, se indica en los fundamentos de la normativa.
El decreto dispone que, a partir de su entrada en vigor, no podrá ampliarse el número de titulares de los programas Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.
El ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación.
“No hay una reducción del gasto social”
La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos aseguró este viernes que “no hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido”, al referirse al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino.
“Es parte de un proceso que busca transformar el sistema de asistencia social para que los trabajadores adquieran cada vez más derechos”, señaló Olmos en declaraciones a Radio Provincia.
Para Olmos, con la aplicación de esta iniciativa “se pone un límite a la incorporación de nuevos beneficiarios, pero no con el objetivo de reducir gastos”.
“La intención es que, con todo lo que se ahorre, se entreguen herramientas y bienes de capital a las unidades ejecutoras. Se pasa del gasto corriente al gasto de capital para las unidades ejecutoras. No hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido, transformándolo en inversión y fortalecimiento de las unidades ejecutoras”, precisó.
Con información de la Agencia Télam