Un arquitecto del Consejo Profesional de Ingenieros de Corrientes complicó más a los empresarios a cargo del edificio que se derrumbó y provocó la muerte de ocho obreros de la construcción, al declarar como testigo en el juicio oral contra tres imputados.
El abogado querellante, Juan Manuel Cubilla Podestá, sostuvo que “la forma irregular en la que se manejaban los empresarios dejó en evidencia que solo les importaba abaratar costos, no así la vida de los obreros ni sus deberes”.
El testigo es Gerardo Aromí, que, en marzo de 2002, cuando ocurrió el derrumbe en San Martín al 600, de esta capital, era el encargado del núcleo técnico de construcciones del Consejo Profesional.
En la audiencia de este jueves, Aromí relató ante el tribunal cómo hicieron los empresarios los trámites para la obra ante la entidad y explicó en su declaración cómo debían haber sido los roles de dirección, construcción y cálculo de la obra.
Entre los datos sobresalientes del testimonio, Aromí admitió que, ante el Consejo Profesional, “los empresarios habían declarado varias plantas menos de las que construyeron” y que el edificio “era para oficinas y no para departamentos”.
El arquitecto dijo que el día del hecho fue hasta el sitio del trágico suceso y se dio cuenta que había más pisos de los que habían declarado. Todo esto se habría realizado con la finalidad de pagar menos aportes al Consejo Profesional.
Aromí dejó en claro que, desde que él trabaja allí, la entidad “nunca sancionó a ingenieros ni arquitectos”. Reconoció que el Consejo “no tenía área de fiscalización para el control” y descargó toda la responsabilidad en la Municipalidad de Corrientes.
Luego de esta declaración, el abogado Cubilla Podestá, que patrocina a familiares de obreros, afirmó: “Queda una vez más demostrada la forma irregular en la que se manejaban los empresarios de la obra con tal de abaratar costos, sin importarles la vida de los obreros”.
Para Cubilla Podestá, está claro que “lo único que les importaba era el costo y no la seguridad ni las leyes ni sus deberes profesionales” que tenían como responsables al poner en marcha la construcción de un edificio de esta envergadura.
A su vez, el abogado querellante expresó su preocupación por el hecho de que “el testimonio de Aromí dejó en evidencia que el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de Corrientes solo tiene una finalidad recaudatoria y no garantiza a la sociedad un control adecuado de los profesionales” en las obras.
El de Aromí fue uno de los testimonios programados para la audiencia de este jueves ante los jueces Raúl Juan Carlos Guerín, Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo, entre los que se contaban el de un inspector de Obras Particulares de la Municipalidad de Capital, de un inspector de tránsito y de un escribano.
Los imputados son Marcelo Mayer, Walter Bruquetas y Carlos Valenzuela por “supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona”.
El hecho trágico ocurrió el 22 de marzo del 2012, cuando 11 obreros trabajaban en altura con el hormigonado de una escalera ubicada debajo del tanque de agua del edificio.
Al no tener la mezcla vertida, el derrumbe del encofrado del tanque con el hormigón bombeado dentro de él se derrumbó y arrastró a los obreros. Ocho de ellos murieron.
Se consideró que hubo fallas graves en la supervisión y control en el armado del encofrado, que resultó defectuoso por insuficiencia de sus apuntalamientos.
Los fallecidos fueron Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Ramón Valentín Zacarías, Enrique Eduardo Fabián Sosa, y Paulo Alejandro Medina.
Luis Alberto Pelozo y Nelson Adrián Valenzuela sufrieron lesiones graves y José Augusto Molina, lesiones leves.
CGP