La Fiscalía de Estado de la Provincia aclaró la resolución sobre el Decreto 1260, que reglamenta un artículo de la ley electoral, está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, tras el fallo en primera instancia.
El fiscal de Estado, Horacio Ortega, dijo que el Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto por el gobernador Gustavo Valdés, que firmó la reglamentación de la ley, apeló la resolución de la jueza electoral María Eugenia Herrero, que declaró inconstitucional y nulo el apartado b del Decreto 1260.
Ortega desmintió así al senador provincial Martín Barrionuevo (PJ). “Quedó FIRME el amparo que suspende los efectos del decreto institucional del gobierno”, posteó el dirigente justicialista.
Quedo FIRME el amparo que suspende los efectos del decreto inconstitucional del gobierno
NO ES APLICABLEEl @CorrientesGob NO APELO.
El régimen hizo toda esta movida solo, para entorpecer las alianzas locales de la oposición.El régimen de Valdés, a pleno. pic.twitter.com/X8uTfw8HTy
— MARTIN Barrionuevo (@mmbarrionuevo) July 1, 2025
Para Ortega, lo de Barrionuevo “no se ajusta a la realidad”, puesto que, aclaró, “tanto la medida cautelar como la cuestión de fondo que plantearon las fuerzas políticas, ambas se encuentran bajo apelación”.
La Justicia Electoral de Corrientes declaró la inconstitucionalidad y la nulidad del apartado que reglamenta la conformación de alianzas municipales, con vistas a las elecciones del 31 de agosto, al admitir un recurso presentado por un grupo de partidos políticos contra el Decreto 1260, firmado por el gobernador Valdés, con fecha del 18 de junio último.
La jueza Herrero consideró que el apartado b del decreto resulta “violatorio de la facultad reglamentaria” prevista en el artículo 162 de la Constitución provincial, y avaló el planteo de que la medida se dictó “con posterioridad a la convocatoria oficial a elecciones”, a través del Decreto N.° 1212/25, del 10 de junio, y “al inicio del cronograma” aprobado por la Junta Electoral de la Provincia, “lo que genera un impacto directo, concreto e irreparable sobre los derechos de los partidos, alianzas y ciudadanos ya involucrados en la contienda”.
CGP