En un fallo de más de 550 páginas, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, procesó con prisión preventiva a los 10 supuestos asesores que se presentaban como miembros de la fundación Lucio Dupuy, acusados, entre varios delitos, de entorpecer la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña (5), visto por última vez en el paraje Algarrobal, de Corrientes el 13 de junio pasado.
Hoy se cumplen 4 meses de aquel almuerzo en la casa de la abuela paterna del niño, Catalina Peña, luego del cual Loan desapareció camino al naranjal. Desde entonces nada se sabe de él.
Según la resolución de la jueza, se trata del psicólogo Federico Colombo, apresado en Tucumán; Nicolás Soria, alias el Yanqui o el Americano; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda; Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio al momento de su llegada a Goya.
De acuerdo con el texto de la jueza, todos fueron imputados por privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado. Además, a Soria se le endilgan los delitos de atentado a la autoridad, suministro de estupefacientes y usurpación de título, mientras que Colombo también está acusado de violación de secreto profesional, falso testimonio y usurpación de título. En tanto, a Cañete, Núñez, López, Machuca Juni se los imputó por usurpación de título.
La Justicia sospecha que los imputados, desde un hotel de la localidad de 9 de Julio, “entrenaban” a al menos tres de los niños que estuvieron en el naranjal aquel 13 de junio pasado. También a Camila Núñez, testigo clave en la causa, y a la hija de Laudelina Peña, Macarena.
La sospecha se inició, de acuerdo con la investigación, cuando al parecer Soria trató de impedir que la Prefectura entrara al hotel donde se alojaban. La fuerza de seguridad tenía la orden de trasladar a Macarena y Camila junto a los menores a sus domicilios particulares.
“El caso concreto y visible de la obstaculización de este grupo emerge del día en que la Prefectura pretendió realizar un acto habitual como es el reconocimiento de quienes estaban en el interior del denominado ‘hotel’, aunado a que contaban con una orden judicial al estar menores adentro”, dice el texto firmado por Pozzer Penzo.
En ese sentido, la magistrada añadió que no fue posible realizar el procedimiento “por las acciones que ellos habrían desplegado para evitar que narren lo percibido por sus sentidos de forma llana, sin intromisiones de terceros o ‘coucheos’ (coaching) resulta una faena dificultosa para las autoridades predispuestas por la casi inmediata intervención que tuvieron desde estar junto a los padres, a la abuela Catalina, a los familiares direccionando o intentando direccionar sus declaraciones sean por medios o en la justicia resulta sobradamente probado.
Por eso, dice Pozzer Penzo, “el impacto es que este ‘entrenamiento’ realizado fuera del marco legal que impide estas acciones, el efecto es directo a la recolección de prueba y el impacto generado es dificultar el descubrimiento de la verdad real de los hechos como sus autores”.
“La amplitud probatoria evidenciada respecto de todas las partes del proceso en el transcurso de las investigaciones desde el comienzo en instancia federal, las diversas oportunidades de efectuar los respectivos descargos garantizando plenamente los derechos de cada una de ellas, son fundamento de solidez de las constancias de la instrucción que permiten fundar el auto de procesamiento hacia los diez detenidos en las causas acumuladas”, indica el documento judicial.
“Así, todos los hechos que aquí se juzgan fueron cometidos en el transcurso y en el marco de la investigación de la desaparición del menor Loan Danilo Peña con la pretensa finalidad de suplir aquello que los órganos predispuestos, entre ellos, del Poder judicial omitieran hacer, cayendo en situaciones que amén de estar fuera de la esfera de competencia, atribuciones de particulares por parte del Estado, constituyeron graves intromisiones dentro de un proceso en curso, en instancia de investigación preliminar donde por la especial naturaleza del objeto procesal reviste desde el comienzo particular sensibilidad social, humanitaria como enfatizara en varias oportunidades en el caso y la Cámara de Casación Penal al resolver la acción de habeas corpus de Maciel”, agrega.
Ante la complejidad de la investigación, la jueza también le pidió a la Cámara Federal que le dé más tiempo para resolver la situación de los primeros detenidos: Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Fierrito Ramírez, Carlos Pérez, Victoria Caillava; el jefe de la comisaría local, Walter Maciel, y Laudelina Peña. La magistrada tenía cuatro meses para decidir sobre ellos, pero el tiempo se agotó.
Todos están acusados de la “sustracción” del menor.
CGP, con información de Infobae
Foto: Nueva Mirada