Con la ayuda de aliados y un grupo de radicales, el mileísmo logró este miércoles en la Cámara de Diputados blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso.
El cambio de postura de un grupo de legisladores respecto de sus votos en junio pasado, cuando se aprobó la media sanción en la Cámara Baja, permitió a La Libertad Avanza (LLA) bloquear los dos tercios de los presentes que necesitaban los bloques opositores para insistir con la norma, según el artículo 83 de la Constitución nacional.
La votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Hubo 8 ausentes. Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor para sostener la ley. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.
Las abstenciones fueron del bloque de Innovación Federal y de la exmileísta Lourdes Arrieta.
Con 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones, Diputados ratificó el veto del Poder Ejecutivo a la reforma de la Movilidad Jubilatoria.#LibertadYDemocracia pic.twitter.com/Kj4SkWO4vn
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 11, 2024
Sin mayores problemas para conseguir el quorum, la reunión arrancó a las 11.15 con la presencia de todos los espacios.
Luego de la jura Nancy Ballejos (PRO) en reemplazo del radical Pedro Galimberti, la habilitación del tratamiento del veto se votó a mano alzada, sin inconvenientes, pues fue avalado tanto por la oposición como por el oficialismo.
Al no haberse convocado a reunión de Labor Parlamentaria, algo que algunos reclamaron a Martín Menem, titular del cuerpo, se pasó a un breve cuarto intermedio para que los jefes de bloques acordaran la lista de oradores y el debate comenzó 11.53.
La ley vetada establecía una recomposición del 8,1 % en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5 % de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6 %.
Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.
Además, la norma establecía un aumento del 50 % por variación salarial (Ripte) en marzo de cada año y una garantía para el haber mínimo en 1,09 %, lo equivalente al valor de la canasta básica total.
Por otro lado, se instruía a la Anses a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.
El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Con información de Parlamentario
Foto: La Garganta Poderosa