El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, presentó una acción de amparo ante la justicia federal para que la empresa Caminos del Río Uruguay S. A. de Construcciones y Concesiones Viales cumpla con su obligación de arreglar la ruta nacional 117, en la zona de acceso a esa ciudad fronteriza.
La demanda es para que también la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) asuma su responsabilidad en el asunto, se informó desde la Municipalidad libreña.
“Ante los hechos, como intendente de esta querida ciudad no puedo permanecer inmóvil y menos aún indiferente frente al grotesco y brutal atropello que, durante bastante tiempo a esta parte, venimos sufriendo y soportando por parte de la empresa que explota el servicio público de la ruta nacional, como consecuencia de la falta de mantenimiento y reparación del tramo de la ruta indicada”, expone Ascúa en la demanda presentada ante el juez federal Gustavo Fresneda.
El intendente aclaró haber agotado “todas las vías previas” para que la empresa se haga cargo de sus responsabilidades, conforme al contrato de concesión.
“Los múltiples reclamos y gestiones extrajudiciales efectuadas a la demandada han resultado infructuosos e, incluso, hasta la intimación formal y fehaciente a través de la carta documento adjunta. Ello motivó que se trasladara la reclamación a la Dirección Nacional de Vialidad en la misma forma sin lograr respuesta alguna; por eso no quedó más remedio que acudir a la presente demanda”, señala el escrito.
El asfalto de la ruta en Libres “está muy deteriorado, con enormes baches que nunca se taparon”, consigna la Municipalidad. Río Uruguay S. A, tiene la obligación de hacer las reparaciones y mantener en buen estado la 117, de acuerdo con el contrato de concesión que la empresa firmó con el Estado nacional en septiembre de 1990.
En la acción de amparo, de 13 páginas, Ascúa sostiene: “La reprochada irrazonable interrupción en el tránsito y en la circulación de la ruta 117, al dejar incomunicada a esa gran parte de la población, pone en riesgo serio y cierto, sus sagrados derechos a la salud, al trabajo, a la comunicación, al regreso a sus domicilios, a la educación, a la seguridad, a la integración familiar, a la no discriminación social”.
La misma acción de amparo pide a la justicia federal que el Estado nacional, a través de Vialidad nacional, se haga cargo de la parte que le corresponde para que la empresa repare la ruta. “La presente demanda es también dirigida contra la Dirección Nacional de Vialidad con domicilio en Av. Julio Argentino Roca N.º 738 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cuanto posee el ejercicio del poder de supervisión”, dice la presentación.
CGP