Unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos son el saldo hasta la medianoche de este martes de la violenta represión policial a manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada en la Legislatura local.
Los incidentes duraron más de cuatro horas en San Salvador de Jujuy, donde la policía provincial avanzó, poco después de las 11, contra una nueva y multitudinaria marcha contra la reforma en las puertas de la Legislatura, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva Carta Magna, reformada parcialmente a instancias del gobernador Gerardo Morales.
Efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos, respondiendo al lanzamiento de piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña.
Durante los incidentes la policía arrojó cápsulas de gas lacrimógeno, piedras con hondas y balas de goma, lo que provocó una gran cantidad de heridos integrantes de distintos sectores.
A la represión se sumaron efectivos del Grupo Especial Motorizado, mientras se agudizaban los enfrentamientos, pero esta vez en calles más alejadas de la Legislatura provincial.
Uno de los manifestantes, perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní, fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria.
Mamaní fue intervenido quirúrgicamente y permanecía internado “con pronóstico reservado”, señaló Gladys Aramayo, integrante del MAR, quien reclamó: “Ojalá todo salga bien porque el único responsable de todo esto es Gerardo Morales”.
Además, en los incidentes resultaron heridos varios periodistas, entre ellos el camarógrafo de Télam Daniel Bello, quien resultó lesionado en la cara por el impacto de una bala de goma policial.
Por otra parte, organismos provinciales de derechos humanos denunciaron la detención de varios integrantes de la agrupación HIJOS Jujuy, como Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza, y Ana Uro, quienes participaban de la marcha.
Las autoridades de las unidades penales 3 y 5 del barrio Alto Comedero informaron que se encuentran privados de su libertad un total de 45 hombres, 18 mujeres y 5 menores de edad, apresados durante las manifestaciones de este martes.
Entre ellos, Claudia Ayarde, Ana Arroyo, Cintia Díaz, Analía Vilca, Sara Pérez, Juan José Flores, Mayra Vilca, Carolina Luna, Enzo Cruz, Agustina Gasparovic, Elsa Ochoa, Noemí Torres e Irma Ramos.
En la lista figuraban también Malena Tolay, Karen Tolay, Any Romero, Brian Torres, Georgina Valero, Marcela Díaz, Inés Quispe, Ayelen Ruiz, Cecilia Cano, Andrea Martínez, Luis Pietro y Cintia Díaz, entre otros.
La mayoría fue trasladada a las unidades penales 3 y 7 del barrio Alto Comedero, en el acceso sur a la capital jujeña, bajo las carátulas de “atentado y resistencia a la autoridad”, “daños de bienes de uso público” y “atentado y resistencia a la autoridad en grado de tentativa” por orden del fiscal Walter Rondón, precisaron abogados de derechos humanos.
Ante esta situación, los mismos asesores legales confirmaron la presentación de ampliación de dos habeas corpus ante la Justicia provincial a favor de las personas encarceladas con el objetivo de conseguir su “inmediata” libertad.
En relación a los heridos, el número superaba las 170 personas, entre ellas docentes e integrantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales y policías provinciales.
“Tenemos unos 170 heridos por las manifestaciones y enfrentamientos, uno de los cuales es de gravedad”, afirmó Pablo Jure, director del servicio de emergencias SAME en Jujuy, quien agregó que las personas lastimadas eran atendidas en los hospitales Pablo Soria y San Roque, el Centro de Especialidades Norte y en el puesto médico del SAME.
“Hay muchos heridos de balas de goma y por los piedrazos que arrojó la policía apuntando a la cabeza”, indicó Fernando Acosta, integrante de ATE quien fue agredido con una cápsula de gas en la sien.
La policía local no pudo contener a los activistas, algunos de los cuales entraron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas al recinto.
En ese mismo momento, los convencionales oficialistas, junto a los del Frente Justicialista, a puertas cerradas, dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.
El aeropuerto de Jujuy quedó inoperable este martes debido a los cortes de ruta de los manifestantes que se oponen a la reforma constitucional provincial y repudian la represión a las protestas y la consecuente imposibilidad de trabajadores y pasajeros de llegar hasta la estación aérea.
Fuentes vinculadas con el sector aeronáutico dijeron que “los vuelos fueron cancelados”, entre ellos unos de Aerolíneas Argentinas y otro de Flybondi.
El vuelo de Aerolíneas, añadieron las fuentes, que arribaba a las 16.30 a Jujuy, fue desviado al aeropuerto de Salta.
La CIDH pide respetar los “estándares del uso de la fuerza”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas” en la provincia de Jujuy, en rechazo de la reforma de la Constitución, y destaca que se trata de “una de las provincias con mayor población indígena autorreconocida”.
“La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.
CIDH: Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy
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— CIDH – IACHR (@CIDH) June 20, 2023
Según recuerda la CIDH, el sábado 17, “en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales”.
“El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia. Igualmente, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes”, advierte.
En cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que “son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta” y se destaca que “es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.
CGP, con información de la agencia Télam
Foto: Edgardo Valera/Télam/AFP