El Gobierno impulsa la creación de 30 fiscalías para “dinamizar” la aplicación del nuevo Código Procesal Penal

El gobernador Gustavo Valdés remitió a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de 30 fiscalías en Corrientes, con el fin de “darle mayor apoyatura” al Poder Judicial” y así imprimirle “dinamismo” al nuevo Código Procesal Penal.

El proyecto contempla la creación de Defensorías y Asesorías, según adelantó Valdés en declaraciones a la prensa en el acto de entrega de notebooks en el colegio Figuerero, de la capital, donde anunció además que “se incorporarán nuevos efectivos interfuerzas” en Santo Tomé, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y Mercedes.

“Todo está conversado y acordado con el Poder Judicial”, dijo el gobernador y agregó: “Ojalá que pronto podamos tener la ley para comenzar con los concursos para incorporar nuevos fiscales, que aporten dinamismo con más recursos humanos”.

Valdés marcó la necesidad de “reforzar la justicia y la seguridad”, para lo cual “hay que reorganizar la Justicia y esto se logra con la colaboración de la comunidad y con aportes que estamos dispuestos a seguir haciendo para continuar modernizando los espacios”.

El proyecto contempla la incorporación de fiscales de Instrucción, Defensorías Oficiales Penales y Defensorías de Pobres y Ausentes, y Asesorías de Menores e Incapaces, con el fundamento del “gran crecimiento demográfico de la provincia, según datos del Censo 2022, que ha generado una nueva realidad social caracterizada por relaciones sociales más dinámicas y complejas en ámbitos cada vez más complejos”.

Según el jefe del Ejecutivo, se requiere así “una pronta adecuación del servicio de Justicia” para “dar respuestas en plazos razonables”.

“Es relevante tener en cuenta que la Ley N.º 6518 –que aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia– deja atrás el sistema mixto para pasar al sistema acusatorio adversarial”, el cual “pone el foco en la celeridad de la resolución de conflictos penales”, y “en cabeza del fiscal la tarea de preparar y promover la acción penal pública”, dice el proyecto.

Valdés concluye en que “el Estado debe allanar los caminos para que el justiciable pueda acceder de manera rápida y sencilla, y los jueces, sus colaboradores y los abogados tienen la misión de intervenir con celeridad y resolver en la medida de lo posible, pues ello hace a la paz social y al bienestar general”.

Seguridad

Por otro lado, Valdés anunció una “tanda nueva de 300 efectivos de interfuerzas” en el departamento de Santo Tomé, de 100 más en la localidad de Monte Caseros y otros 100 en Curuzú Cuatiá y Mercedes”.

CGP

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