El fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer solicitó hoy una pena de 15 años de prisión e inhabilitación perpetua para el exjuez federal Carlos Soto Dávila, como presunto jefe de una asociación ilícita que protegía a narcotraficantes a cambio de coimas y por prevaricato.
El fiscal, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), concluyó hoy su alegato en el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal, en el que también pidió condena para otras seis personas, entre ellos dos secretarios judiciales del ex magistrado y un exintendente.
Schaefer pidió también penas de 12 y 9 años para dos exsecretarios del Juzgado Federal N.º 1de Corrientes como miembros de la asociación ilícita y partícipes necesarios de cohecho pasivo agravado y prevaricato.
Se trata de Pablo Molina y Federico Grau, para quienes pidió además inhabilitación perpetua.
Durante la última jornada de alegatos, el fiscal federal pidió penas para los abogados Duilio Barboza Galeano (8 años), Gregorio Giménez (7 años), Tomás Viglione (5 años) y Juan Manuel Faraone (2 años y 5 meses), exintendente de Empedrado, acusados de ser miembros de la asociación ilícita y como coautores de cohecho activo agravado reiterado, es decir, por haber pagado coimas a los funcionarios judiciales para la liberación de sus clientes.
En el cierre de su alegato, el fiscal aseguró que “el delito de corrupción judicial es uno de los delitos más graves, afecta y atenta contra la independencia del poder judicial. Lo dicen todos: no se puede combatir al narcotráfico si no se combate la corrupción, sobre todo cuando la corrupción está enquistada en el Poder Judicial”.
“La sociedad está reclamando justicia respecto de los hechos de narcotráfico y, en representación del interés general de la sociedad, nosotros le decimos al tribunal: es justicia o es corrupción. A eso yo le voy a agregar: es justicia o es delincuencia. A eso le vamos a agregar: es justicia o narcocriminalidad. Y a eso le vamos a agregar: es justicia o narcotráfico para este país”, concluyó Schaefer, que estuvo acompañado de los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona.
Según la acusación, los secretarios del Juzgado, los abogados y Faraone eran los intermediados entre Soto Dávila y los narcotraficantes para acordar el pago de las coimas y obtener resoluciones favorables.
Los narcos no llegaron a juicio porque acordaron un proceso abreviado. Eso significa que reconocieron su responsabilidad en los hechos y fijaron una pena con la Fiscalía, lo que debe ser resuelto por el TOF.
Entre esos están los abogados Jorge Ricardo Vallejos y Omar Serial y los narcos Federico Morenita Marín y Carlos Cachito Bareiro, ambos ya condenados por narcotráfico.
Marín fue noticia a fines de febrero: se fugó de su prisión domiciliaria. Era testigo protegido y solicitó autorización para ir a un control médico pero no regresó.
Soto Dávila fue el titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes durante 22 años. Tenía una orden de detención que no se podía cumplir por sus fueros como juez. En febrero de 2019 renunció al cargo y fue internado por problemas de salud. Estuvo en prisión domiciliaria y hoy en libertad, como el resto de los acusados.
Se trata de la organización de la localidad de Itatí, en Corrientes, cuyo exintendente Natividad Roger Terán y otras personas fueron condenadas por darle protección al narcotráfico.
Con información de Infobae
Foto: el exjuez Soto Dávila (con barbijo blanco), en la audiencia inicial del juicio, en junio de 2022. Germán Pomar/Télam