El gobernador Gustavo Valdés instruyó al fiscal de Estado, Horacio Ortega, para que se constituya en querellante de la causa que investiga estafas y falsificación de documentos en el Registro de la Propiedad Inmueble y Dirección General de Catastro, y que tiene como procesados a dos funcionarios del Gobierno provincial.
Valdés ordenó a la Fiscalía “conocer en profundidad si están en riesgo los derechos y bienes del Estado correntino, y velar por los intereses” de la Provincia.
La semana pasada, Ortega tomó contacto con el fiscal a cargo del caso, Gustavo Robineau, con el objeto de informar sobre esta decisión del Gobierno provincial.
“La semana entrante, iniciaremos las presentaciones correspondientes para cumplir con la instrucción emanada por el gobernador Valdés. Vamos a revisar todo para determinar si se ha atentado contra los intereses de la Provincia, pero sobre todo ante los bienes”, dijo Ortega.
“Tenemos muy clara la tarea que debemos realizar. Vamos a defender los intereses y derechos de la Provincia ante los tribunales de Justicia en los casos y en la forma que establecen la Constitución y las leyes, como parte legítima en todos los procesos donde se controviertan intereses o bienes del Estado provincial. El gobernador nos dio la libertad de acción para evitar que se defraude a nuestra provincia”, explicó Ortega.
El Gobierno provincial ya había expresado su decisión de colaborar con la Justicia en la investigación sobre irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro, puesto que la investigación de los presuntos hechos delictivos “se originaron a partir de las denuncias de los mismos organismos de contralor” de esas dependencias, en febrero último.
El Gobierno aclaró a mediados de este mes que “los hechos que se investigan tienen que ver con actividades desarrolladas por profesionales y ciudadanos del ámbito privado que habrían intentado o inscripto títulos de propiedades obtenidos de manera fraudulenta, lo que derivó con anterioridad en detenciones y acciones que intentan determinar las magnitud y la existencia de diversos delitos y los involucrados” en ellos.
El jueves 11 de agosto, efectivos de la Prefectura Naval Argentina allanaron varios domicilios y oficinas de las direcciones de Catastro y Cartografía y de la Propiedad Inmueble de la Provincia, en una causa por presuntas estafas con ventas de lotes en terrenos altamente cotizados de la zona de Santa Ana, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas.
Al menos diez personas fueron detenidas ese día, entre ellas, empleados y los directores de los organismos, como el agrimensor Narciso Santín Toffoletti, titular de la Dirección de Catastro y Cartografía de Corrientes, y la escribana María Eugenia Demetrio, directora del Registro de la Propiedad Inmueble, quien además, desde noviembre pasado, preside el Consejo de Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, que reúne a los 24 distritos del país.
CGP