Foto: mujeres de organizaciones indígenas, grupos feministas y de la sociedad civil, en una manifestación para exigir precios más bajos de combustible y alimentos y el fin de la violencia policial después de casi dos semanas de protestas masivas, en Quito, el 25 de junio de 2022. Karen Toro/Reuters.
El segundo domingo del paro nacional en Ecuador arrancó sin mayor presencia de manifestantes en la calles, pese a que el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, insiste en que la movilización continúa.
Después de 13 días de protestas, en los que murieron cinco personas y al menos 200 han resultado heridas entre manifestantes y las fuerzas del orden, este sábado se dieron los primeros acercamientos entre la Conaie y el Gobierno.
Aunque por la noche, Iza aseguró que no había participado de ninguna mesa del diálogo y que espera que el gobierno de Guillerno Lasso atienda los 10 puntos que demandan.
Por su parte, el Gobierno, en un intento por calmar los ánimos, expidió un nuevo decreto, con el que eliminó el estado de excepción en seis provincias. Sin embargo, Lasso advirtió, en una entrevista con la cadena CNN, que podría instaurar la emergencia en caso de nuevos disturbios. “Si mañana vuelven estos intentos de anarquía y violencia, pues volveremos a decretar el estado de excepción”, dijo.
Todo esto ocurre mientras la Asamblea continúa con el debate sobre la destitución del presidente, un trámite invocado por la bancada correísta de UNES, consigna el sitio Primicias.
La sesión del Parlamento se extendió por más siete horas. Un total de 40 asambleístas pidieron intervenir y, luego de los discursos de 32, el debate se suspendió y continuará este domingo a las 16, hora local.
#ParoNacional
El paro sigue y la agenda de 10 puntos se mantiene, recorrido de información y socialización con las delegaciones concentradas en #Quito, en la U. Central y Salesiana. Desde las 14:00 arrancará un festival artístico de la resistencia en el ágora CCE.#conaie pic.twitter.com/o2oJW5qKLs— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 26, 2022
Misión argentina
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por dirigentes sociales argentinos, relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales y violación al derecho de protesta en Ecuador, durante el paro y los cortes del movimiento indígena.
La misión argentina dijo, en su primer informe, que recabó testimonios y realizó entrevistas ayer en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del parque El Arbolito.
“Recibimos declaraciones provenientes de líderes y lideresas sociales, indígenas, organizaciones de mujeres, voluntarios de salud en los corredores humanos de paz, familiares de jóvenes indígenas fallecidos a manos de las fuerzas policiales, y también recibimos numerosos elementos probatorios (imágenes y videos) que dan cuenta de la vulneración de diferentes derechos”, señaló el grupo.
Sobre la base de esa información, la misión elaboró un documento “preliminar con la sistematización de las tipificaciones de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones del paro nacional” que se inició el lunes 13.
El documento denuncia la muerte de cinco personas “asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal”.
“Las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo”, detalló el informe, en referencia a Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez y Jon Muenala.
Dio cuenta además de “132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta”, muchas luego imputadas por delitos como sabotaje, terrorismo o resistencia.
“Las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo”
El informe denunció “secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales, violación al derecho a la protesta social, violación a las garantías judiciales y al acceso a la justicia de los ciudadanos”.
Reseñó también “negación de atención médica por las instituciones públicas de salud por motivos raciales y antiindigenistas, violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica y violación a los derechos de niños y niñas”.
El grupo advirtió que hubo “ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por parte de las fuerzas de seguridad durante la noche”.
El informe enumeró “ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y antiindigenista, censura y bloqueo mediático de la información, bloqueo del servicio de internet y redes sociales y hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales”.
Señaló además que tiene “información y testimonios que dan cuenta de 6 casos de desaparición de personas, las cuales se desconoce su paradero y que se encontraban participando en el marco de las movilizaciones”.
“Del relato y la constatación de los hechos, podemos concluir que la utilización irregular de armas de disuasión como armas letales, es una práctica sistemática que se evidencia en la ejecución parte del personal policial al cuerpo de las personas en zonas vitales y a corta distancia”, concluye el documento.
La misión, que el sábado hizo su presentación ante la prensa en Quito, está integrada por el abogado Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano; Marianela Navarro y Melisa Gargarello, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas; Nicolás Tauber Sanz, de LiberPueblo; María José Cano, de la CTA Autónoma; Alicia Montoya, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores; y Pablo Garciarena, de Xumek Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos.
Lasso levanta el estado de excepción
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, levantó este sábado el estado de excepción que regía en las seis provincias más afectadas por protestas indígenas contra su gobierno, desde hace ya 13 días, pocas horas después del primer acercamiento con representantes del movimiento que lleva adelante las movilizaciones y mientras el Parlamento realizaba un debate sobre su destitución a pedido de la oposición.
El mandatario decretó “la terminación del estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura”, tal como señala un documento divulgado por la sede presidencial.
El presidente dijo que con su decisión ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades.
Más temprano, representantes del movimiento indígena y del Gobierno de Ecuador tuvieron un primer encuentro, mediado por la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y la Iglesia, que podría destrabar la posibilidad de un diálogo más formal.
El presidente de la AN, Virgilio Saquicela, había convocado a dialogar a Lasso y al titular de la Conaie, Leonidas Iza, y, aunque no logró ese encuentro de máxima, sí se dio otro entre el líder de las protestas con dos ministros.
En la Basílica del Voto Nacional, en Quito, Iza se vio con los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez, y de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, junto a funcionarios del Consejo Nacional Electoral y de la Función de Transparencia, y delegados de otras organizaciones indígenas.
“Este diálogo ha iniciado; no ha habido compromiso alguno, pero hubo decisión de la Conaie de consultar a sus bases la designación de una comisión” que siga el proceso, señaló Saquicela, que confirmó la predisposición del Ejecutivo de sentarse en una mesa técnica, que tendría a la AN como sede.
Aunque la primera conversación entre las partes obliga a cierta cautela, no deja de representar un avance ante la distancia que parecía haber entre el llamado a un diálogo de los dos lados y la actitud concreta en las calles y ante los medios.
El viernes, Lasso dijo por cadena nacional que Iza solo quiere “derrocar al Gobierno” y adelantó que las fuerzas de seguridad cambiarán su conducta para avanzar hacia “un uso progresivo de la fuerza”.
En la universidad central, en una suerte de asamblea del sector, Iza respondió: “En lugar de meternos miedo, más bien nos han levantado la rebeldía y dignidad”, señaló, según el sitio Primicias.
Explicó que la del sábado era una jornada para “limpiar, descansar, recargar fuerzas para continuar en la lucha”, ratificó su predisposición a dialogar y anunció que abrirán corredores humanitarios para permitir el paso de los productos agrícolas de la Sierra Centro hasta la capital.
“Presidente Lasso, no sea cobarde. Llame a elecciones anticipadas. Yo lo hice en el 2009 y recibí el respaldo de mi pueblo”, dijo en un video difundido en su cuenta en Twitter el expresidente Rafael Correa.
El exgobernante socialista (2007-2017) vive en Bélgica desde que dejó el poder y no puede participar en comicios por haber sido sentenciado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción.
Los 47 miembros de Unes solicitaron el viernes la salida del poder del presidente, que lleva 13 meses de gestión, ante la “grave crisis política y conmoción interna” que vive el país.
La destitución exige 92 de los 137 votos posibles en el Congreso y, aunque la oposición podría lograrlo, la dispersión de bloques y el anuncio de algunas representaciones de que no acompañarían la iniciativa lo torna muy difícil.
Lasso deberá ser convocado a la sesión para defenderse y en su presencia se abrirá un debate cuya duración será determinada por el presidente del Legislativo.
Terminada la discusión, los diputados tienen un máximo de 72 horas para resolver sobre el pedido de destitución que, si es aprobado, implica que asume el vicepresidente Alfredo Borrero y se llama a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del periodo.
Apenas conocida la idea de UNES, los bloques del Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik –el brazo político de la Conaie– adelantaron que no acompañarían la iniciativa. Tampoco, claro, la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).
Desgastada por la crisis, con comercios cerrados y desabastecimiento de algunos productos, Quito también es escenario de contraprotestas, con ciudadanos que quieren el retiro de los indígenas y caravanas de vehículos de alta gama que recorren zonas acomodadas, reseñó la agencia AFP.
Con información de la Agencia Télam y Primicias